ELECCIONES 2026: LA SEGURIDAD CIUDADANA COMO PUNTO DE INFLEXIÓN
NOTI-AMÉRICA PERÚ
Por César Ortiz Anderson
Estaba revisando las falsas promesas de mejorar la seguridad ciudadana del mensaje a la nación hechas por Dina Boluarte en el 2024 y comparándolas con el mensaje presidencial del 28 de julio del 2025, y no encuentro nada positivo; por el contrario, se evidencia un retroceso y una clara evasión de la verdadera magnitud del problema para ocultar el rotundo fracaso del Gobierno en este sector. Las cifras y los hechos de criminalidad así lo indican. Pero la mandataria de la Nación se siente impune y protegida políticamente por el Congreso de la República.
La verdad es que a medida que el Perú se aproxima a las elecciones generales del 2026, el tema que se perfila como eje central del debate electoral es, sin lugar a duda, la seguridad ciudadana. Para dar un ejemplo de la gravedad del problema, según estadísticas oficiales, cada 19 minutos se reporta una denuncia de extorsión en las comisarías del país, y hay que tener en cuenta que la mayoría de las extorsiones no se denuncian porque los extorsionados prefieren ceder ante las amenazas.
Foto: El Peruano
Desde el fin de la pandemia del COVID-19, el país ha experimentado un alarmante repunte en los índices de criminalidad, con un crecimiento sostenido de delitos violentos como el sicariato, la extorsión (no mencionado en el discurso de 28 de julio), el secuestro y los asaltos armados. Las ciudades, en especial Lima, Trujillo y Chiclayo, viven bajo una sensación constante de inseguridad, donde la violencia ha dejado de ser una amenaza lejana para convertirse en una preocupación diaria de millones de peruanos.
Pese a que el gobierno actual ha intentado responder con diversas estrategias —declaración de estados de emergencia en zonas específicas, despliegue de fuerzas armadas, múltiples cambios de ministros del Interior—, los resultados han sido insatisfactorios y fragmentarios. La falta de continuidad en las políticas públicas, sumada a la debilidad institucional y a una pobre articulación entre los niveles de Gobierno, ha profundizado el sentimiento de vulnerabilidad ciudadana. La ineficacia del aparato estatal para garantizar seguridad ha erosionado la confianza pública y ha convertido este tema en una prioridad urgente que exige respuestas concretas y sostenidas.
Frente a este panorama, los candidatos a la Presidencia en el 2026 deberán poner la seguridad ciudadana en el centro de sus propuestas programáticas. Ya no bastarán promesas genéricas o de mano dura sin planificación; la ciudadanía exige políticas integrales, sostenibles y basadas en inteligencia criminal, prevención social del delito, fortalecimiento de la Policía Nacional y reforma del sistema judicial. La población peruana votará, en gran medida, por quien logre ofrecer un plan serio, viable y con resultados medibles para recuperar la paz en las calles. Así, la seguridad ciudadana se perfila como el termómetro político que definirá, más que ningún otro, el rumbo del país en los próximos años.
Finalmente, después de la pandemia la ciudadanía sabe lo valioso que es el tiempo y lo frágil que es la vida. En los dos años que lleva Dina Boluarte como presidenta de la República, cuenta más de cinco mil asesinados por la delincuencia y falta un año para que termine su mandato. Las promesas que señaló en la mejora de la seguridad ciudadana no se dieron y así lo demuestran las cifras. En su discurso por 28 de julio, la presidenta se enredó al dar cifras de número de delincuentes capturados y bandas delictivas desarticuladas. En mi opinión, lo que leyó acerca del fenómeno de la inseguridad ciudadana sólo deja en la población más dudas que certezas y una falsa sensación de seguridad, por no proponer estrategias, planes y diseños con un trabajo articulado. No sabe cómo explicar la ausencia de una política de Estado clara para que la población entienda que, graduamente, empezará a reducir la alta criminalidad que hoy vive.
César Ortiz Anderson
Presidente de Aprosec
