ELECCIONES GENERALES 2026 SON CUESTIONADAS POR LA CIUDADANÍA Y UN PARTIDO POLÍTICO
NOTI-AMÉRICA PERÚ
Por Geomar Pacheco Rivera
El partido político Renovación Popular rechaza que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) “haya preferido el formalismo” y se comprometió a luchar firmemente desde el Congreso en defensa de la democracia y la libertad.
A través de un comunicado, la agrupación liderada por el empresario Rafael López Aliaga señaló que la máxima autoridad electoral, ha preferido el formalismo, que el mandato constitucional de fiscalizar y asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre, espontánea y secreta de los ciudadanos.
Además, sostuvo que las elecciones “debieron realizarse de manera transparente y fiscalizada”, y cuestionó el rol del máximo organismo electoral en el proceso.
En ese sentido, Renovación Popular señala que la controversia se centra en la cadena de custodia del material electoral, desde su salida de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) hasta su retorno, especialmente en algunos centros poblados.
El partido afirmó que “no existe evidencia que demuestre lo contrario” respecto a las observaciones formuladas durante el proceso electoral. Asimismo, la agrupación expresó su “solidaridad con sus votantes” y señaló que agotó las instancias correspondientes para sustentar sus cuestionamientos sobre los resultados electorales.
Foto: Rafael López Aliaga. ANDINA/Vidal Tarqui.
Además, Renovación Popular indicó que continuará promoviendo iniciativas desde el Congreso vinculadas al fortalecimiento del sistema democrático y electoral.
La organización política, también emitió un comunicado en el que cuestiona al Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, por expedir una resolución que dispone la no acumulación de todas las denuncias sobre las irregularidades que rodearon el proceso electoral, “disponiendo que estas sean remitidas a las distintas fiscalías a nivel nacional”; así como quitar la competencia de la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción sobre estas investigaciones.
Asimismo, señala que esta decisión del Fiscal de la Nación genera demoras injustificadas en las investigaciones, quiebra el principio de unidad y objetividad de las investigaciones y vulnera el derecho a conocer la verdad. Ante ello, demandó a la Junta Nacional de Justicia, “evaluar la conducta funcional” del titular del Ministerio Público, a ONPE a la “conservación bajo responsabilidad” de las 4.703 actas del bloque 900000, hasta que culmine las investigaciones, y al Fiscal de la Nación a “dejar sin efecto” la resolución que dispone la no acumulación de las referidas denuncias.
