LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EL DERECHO AL TRABAJO DIGNO

NOTI-AMÉRICA PERÚ

Por Geomar Pacheco Rivera

“El Poder Judicial tiene responsabilidad para resolver nuevos conflictos ante transformaciones debido al empleo de la inteligencia artificial”, señaló la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, durante el conversatorio ‘La inteligencia artificial y los retos del derecho del trabajo’.

Tello Gilardi sostuvo que la institución a su cargo tiene la responsabilidad fundamental de resolver los nuevos conflictos que surjan como consecuencia de las transformaciones debido a los desafíos que presenta la inteligencia artificial (IA), entre ellas las del ámbito laboral.

“La IA ha dejado de ser una posibilidad del futuro para convertirse en una realidad de nuestro presente y está transformando la manera en que producimos, prestamos servicios, organizamos el trabajo y tomamos decisiones, por lo que el derecho del trabajo no puede permanecer ajeno a ello”, señaló.

El exitoso conversatorio ‘La inteligencia artificial y los retos del derecho del trabajo’ destacó, además, “la importancia de fortalecer la jurisprudencia, la reflexión académica y el diálogo institucional para construir respuestas jurídicas capaces de los desafíos de nuestro tiempo”, afirmó.

En ese sentido, destacó el encuentro académico como un espacio de reflexión y diálogo sobre los cambios tecnológicos, sociales y económicos que están modificando de manera acelerada las dinámicas de trabajar, producir y relacionarse.

Tello Gilardi inauguró la actividad académica, en la que agradeció al juez supremo y presidente de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, Javier Arévalo Vela. El agradecimiento también fue extensivo al profesor José Eduardo López Ahumada, docente de Derecho de la Universidad de Alcalá de España, por su participación como expositor.

Asimismo, expresó su confianza de que las intervenciones de los jueces supremos Jelio Paredes Infanzón y Omar Toledo Toribio, así como del docente peruano Renato Sarzo Tamayo, contribuyan a identificar no solo los riesgos, sino también las oportunidades que ofrece la IA para el futuro del derecho del trabajo.

En otro momento, Tello Gilardi resaltó que el Poder Judicial realizó, en junio de este año, la Primera Reunión Preparatoria de la XXIII Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI), en la que delegaciones de 23 países impulsaron y aprobaron por unanimidad cuatro proyectos relacionados con el uso de la IA en la administración de justicia.

“Un año antes en la reunión preparatoria se aprobó el Código Ético Iberoamericano para el uso de la IA en el ámbito judicial, lo que reafirma la necesidad de que la incorporación de estas tecnologías, esté acompañada de principios éticos, garantías jurídicas y una clara responsabilidad institucional”, acotó.

Hizo referencia a la primera encíclica del papa León XIV, titulada “Magnifica Humanitas”, publicada en 2026, la cual ha generado un amplio debate sobre la necesidad de colocar a la persona humana y su dignidad en el centro de los cambios que atraviesa la sociedad.

Por su parte, López Ahumada, en su ponencia, planteó la necesidad de reinterpretar el derecho laboral ante el avance de la IA, a fin de brindar una respuesta efectiva a este fenómeno, garantizar un trabajo decente y evitar su deshumanización.

El especialista explicó que, si bien en el Perú aún no existe una regulación específica sobre esta materia, sí hay un reconocimiento constitucional del derecho a un trabajo digno y decente.

Ante ello, el catedrático español destacó la importancia de la respuesta jurisdiccional que se está desarrollando en materia laboral frente al avance de la inteligencia artificial.

“Creo que, más allá de la regulación, es muy importante esa vocación de la justicia a la hora de enfrentar y tratar de solucionar los nuevos casos que se produzcan en el tema laboral”, finalizó.

En ese contexto, queda claro que el Poder Judicial promueve el análisis de los efectos de la IA en el ámbito laboral y el uso responsable de herramientas tecnológicas para fortalecer la labor jurisdiccional, con el propósito de avanzar hacia una justicia más eficiente sin dejar de lado la protección de los derechos fundamentales.