MAGISTRADOS PERUANOS MOTIVAN PRONUNCIAMIENTO DE LA FLAM
NOTI-AMÉRICA PERÚ
Por Geomar Pacheco Rivera
El 28 de julio del año en curso se inició en el Perú una nueva etapa de nuestra historia republicana, que nos motiva a difundir el pronunciamiento de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), en el cual expresa “su profunda preocupación por las investigaciones y procedimientos disciplinarios o penales seguidos contra juezas y jueces del Perú debido a sus decisiones adoptadas como parte de su función jurisdiccional”.
Desde su sede en Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, la organización sostiene “que el uso de estos mecanismos puede afectar la independencia judicial y generar un efecto inhibitorio en otros magistrados que deben decidir casos semejantes”.
De otro lado reafirma que “la independencia judicial no constituye una prerrogativa personal de juezas y jueces, sino una garantía de la ciudadanía a obtener decisiones adoptadas conforme a derecho, libres de presiones, amenazas, interferencias o represalias”.
“Juezas y jueces deben responder por conductas ilícitas o faltas previamente establecidas y debidamente comprobadas, sin embargo, la discrepancia respecto de la interpretación jurídica o del sentido de una decisión jurisdiccional no puede transformarse, por sí misma, en fundamento de responsabilidad disciplinaria o penal”, señala el comunicado.
La FLAM señala “el grave riesgo que representa la utilización de mecanismos disciplinarios o penales para cuestionar decisiones en las que juezas y jueces ejercen, de forma motivada y dentro del ámbito de sus competencias, el control de constitucionalidad o de convencionalidad”.
“Estas decisiones pueden ser revisadas y eventualmente revocadas por los órganos jurisdiccionales competentes; lo que resulta incompatible con la independencia judicial es convertir los mecanismos de responsabilidad personal en vías indirectas de impugnación del contenido de las resoluciones”, indica el pronunciamiento.
La FLAM afirma “que la situación afecta, además, la tutela judicial, debido a que un sistema de justicia independiente exige que juezas y jueces puedan resolver incluso los asuntos de mayor sensibilidad política, social o mediática sin ponderar previamente qué consecuencias personales podría ocasionarles el contenido de su decisión”.
La institución rechaza toda amenaza, insulto, descalificación o forma de hostigamiento dirigida contra juezas y jueces por razón de sus resoluciones. “La crítica a las decisiones judiciales es legítima y necesaria en una sociedad democrática; la intimidación, la estigmatización, la amenaza o persecución destinada a condicionar o represaliar al juzgador no lo son”, refiere el pronunciamiento.
Finalmente exhortó a los órganos de control, al Ministerio Público, a los demás poderes públicos y a los actores políticos y sociales de nuestro país a respetar plenamente la separación de poderes, la autonomía de la función jurisdiccional y las garantías inherentes a la independencia judicial.
Instó, además, a que toda actuación destinada a determinar responsabilidad de juezas y jueces respete estrictamente los principios de legalidad, debido proceso, proporcionalidad, independencia judicial y seguridad jurídica, conforme a la Constitución peruana y a los estándares internacionales aplicables.
En tal sentido, reafirmó que la independencia judicial y la responsabilidad no son conceptos contrapuestos: una judicatura democrática debe responder por faltas y conductas ilícitas.
La FLAM es una organización civil fundada en 1977 que agrupa a asociaciones de juezas y jueces de 19 países de América Latina, cuya misión principal es defender la independencia judicial, proteger la dignidad de la función jurisdiccional y fortalecer el Estado democrático de derecho.
Lima, 20 de agosto de 2026
