EL DERECHO DE ASILO ESTÁ DESVIRTUADO, EN OPINIÓN DE LA DIPLOMACIA PERUANA
NOTI-AMÉRICA PERÚ
Por Geomar Pacheco Rivera
El Gobierno del Perú planteará ante los representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) una propuesta para modificar la Convención de Caracas de 1954, referida al asilo político, a fin de evitar un mal uso de la norma que desnaturaliza su esencia, informó la Cancillería peruana.
“Se iniciará de inmediato un proceso de consultas con otros países miembros de la OEA para llevar adelante esta propuesta, cuyo objetivo central es que el imperio de la ley sea respetado por todos los habitantes de las Américas”, señala el organismo.
En un comunicado de prensa, precisó que se formulará esta propuesta por disposición del presidente de la República, José Enrique Jerí Oré.

“Oportunamente se dará a conocer los resultados de estas gestiones que se llevarán a cabo de manera muy urgente. Culminado este proceso, el Gobierno peruano adoptará las decisiones que corresponda”, indica.
El comunicado de prensa de la Cancillería se da luego de un análisis de la solicitud de salvoconducto formulada por México para la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez Chino, a quien concedió asilo político.
Una primera conclusión de este proceso de análisis jurídico-político es que, desde la adopción de la Convención de Caracas de 1954, en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), “se ha producido una evolución negativa en su práctica internacional”, afirma.
“Se ha constatado en distintos casos, no solo vinculados al Perú. que en los últimos años se ha hecho un uso indebido de esta norma, calificando a delitos comunes como casos de persecución política”, añade.

Sede de Cancillería Peruana. Torre Tagle. Lima.
En ese sentido, el Gobierno del Perú considera que esta práctica desnaturaliza la esencia de la Convención concebida para proteger a nacionales de los estados miembros del Sistema Interamericano de persecuciones políticas.
“En ningún caso debe utilizarse para eludir la aplicación de las leyes nacionales para que personas que hayan delinquido puedan liberarse de las decisiones judiciales”, afirma el comunicado.
El Gobierno manifiesta también su profundo malestar y rechazo porque el derecho de asilo se ha desvirtuado al otorgarse a quienes no sufren persecución en estados democráticos, sino que más bien son procesados o incluso condenados por delitos comunes.
