EL MIEDO EN EL PERÚ ES UN NEGOCIO RENTABLE
NOTI-AMÉRICA PERÚ
Por César Ortiz Anderson
Hoy la sociedad peruana en su conjunto corre el riesgo de ser la próxima víctima del hampa organizada. La pregunta de muchos es “¿Me va a tocar a mí?” sino “¿Cuándo me va a tocar?”. El miedo producido por una criminalidad organizada se está volviendo la mayor fuente de ingresos para los delincuentes a quienes les llamo “lumpen».
Desde APROSEC proponemos a la población a ser empáticos. El homicidio del cantante del grupo musical de Armonía 10, Paul Flores, demuestra que, no siendo la víctima elegida, también podemos ser víctimas estando en el lugar y hora equivocados (azar) y quedar malheridos o muertos. No olvidemos que hoy no existe ámbito seguro en el país.
En Perú, durante el actual gobierno, la inseguridad ciudadana ha alcanzado niveles alarmantes, lo que ha sumido a la población en un estado de miedo constante. La criminalidad organizada no solo perpetra delitos como extorsión, secuestro, robo, trata y narcotráfico, sino que también ejerce una influencia corrosiva sobre medios de comunicación, políticos y gobierno, buscando consolidar su poder y expandir sus actividades ilícitas.
La corrupción como facilitadora del crimen organizado
La corrupción en las instituciones estatales es un factor clave que facilita la expansión y consolidación del crimen organizado. En el Perú la falta de confianza en el Poder Judicial y en las fuerzas de seguridad es alarmante. La situación es similar en toda Latinoamérica. Según una encuesta del 2024, 54 por ciento de los encuestados señaló la falta de confianza en el Poder Judicial como la principal razón para no denunciar actos de corrupción, mientras que 52 por ciento mencionó la desconfianza en la Fiscalía o en los investigadores (https://millerchevalier.com).
Pena de muerte y otras soluciones populistas
La infiltración del crimen organizado en la estructura estatal y su capacidad para coaccionar a los actores políticos y mediáticos erosionan la confianza pública en las instituciones democráticas porque obligan a soluciones no democráticas.
La violencia y la impunidad generan un clima de inseguridad que afecta la vida cotidiana de los ciudadanos y limita su participación en la vida democrática. Además, la percepción de corrupción y la falta de respuestas efectivas por parte del Estado pueden llevar al surgimiento de políticas populistas que prometen soluciones rápidas, como la pena de muerte, que, en ocasiones, socavan aún más las instituciones democráticas.
Queda claro que el gobierno de Dina Boluarte Zegarra no encuentra soluciones inteligentes al problema. Recordemos que hoy el crimen organizado está siendo considerado como una amenaza transnacional. Ejemplo destacado es el Tren de Aragua, una organización criminal originaria de Venezuela que ha extendido sus operaciones a varios países de la región. Esta organización criminal ha sido vinculada a delitos graves y su expansión ha generado preocupación en múltiples naciones. Recientemente, las autoridades de los Estados Unidos la declararon organización terrorista y deportó a más de 200 presuntos integrantes a El Salvador, donde fueron encarcelados en el Centro de Reclusión del Terrorismo. Esta medida fue agradecida por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, mientras que el gobierno venezolano rechazó categóricamente la decisión, anunciando que solicitará a sus ciudadanos no viajar a Estados Unidos.
Otro caso emblemático de organización criminal calificada como terrorista es el Comando Vermelho, la organización criminal más antigua de Brasil, que ha desplazado a las mafias locales de la triple frontera amazónica y ha tomado el control de la producción de cocaína en el lado peruano. Esta región se ha convertido en un territorio en disputa por varios grupos armados procedentes de Brasil, que se han impuesto con violencia sobre las mafias locales peruanas y colombianas.
La lucha contra el crimen organizado y la corrupción requiere un compromiso decidido de todos los sectores de la sociedad. Es fundamental fortalecer las instituciones democráticas, garantizar la independencia del Poder Judicial y promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Solo así se podrá recuperar la confianza ciudadana.
Finalmente, Aprosec había venido advirtiendo esta situación de inseguridad ciudadana mediante diversos artículos y entrevistas. Si este Gobierno insiste en hacer más de lo mismo, los resultados serán iguales, y la inseguridad y riesgo de los ciudadanos se incrementarán.
César Ortiz Anderson