CUANDO LA EXTORSIÓN SE APODERA DE UN PAÍS

NOTI-AMÉRICA PERÚ

Por César Ortiz Anderson

Soy articulista desde hace algunos años de la revista mexicana ‘Seguridad en América’. Gracias a ello, recibo a diario valiosa información de seguridad por Sea News. Acaba de llegar una valiosa información sobre el delito de extorsión, que pasó a compartir.

Luego de una gran migración de Venezuela y de sufrir la pandemia del Covid-19, varios países de Latinoamérica comenzaron a sentir una delincuencia muy violenta, distintas modalidades, un accionar sin escrúpulos. Esta delincuencia organizada que está en la mayoría de países de la región ha creado un ambiente inestable e inseguro.

Desde México a Colombia, Chile, Ecuador y Perú, pasando por El Salvador, Honduras y Guatemala, la modalidad de la extorsión, está minando sostenidamente la seguridad ciudadana. Sus millonarias ganancias sitúan a este delito solo detrás del narcotráfico o la trata de personas, y podría ser mas rentable que la minería ilegal, que mueven millones de dólares.

Foto: PNP

En Perú son la banda de los Pulpos, que hace poco paralizaron al país por la amenaza de extorsión del jugador de fútbol peruano Paolo Guerrero, en la ciudad de Trujillo al norte del Perú; en Colombia son el Clan del Golfo, en Ecuador los Tiguerones, el Tren de Aragua de Venezuela, la organización de mayor expansión en la región en el último quinquenio, con fuerte presencia en Perú, Colombia y Chile, todos estos grupos se han transformados en “empresas criminales”. El miedo se propaga con mensajes y métodos similares: “Sabemos quién eres, dónde vives, a qué hora abres tu negocio, dónde estudia tu hijo, cuándo vas al mercado” es la advertencia más habitual en WhatsApp. Luego viene el envió de amenazas como un sobre con balas, arreglos florales fúnebres, luego balean la casa o negocio o hacen explotar una bombarda casera o granada.

Estas bandas han creado prácticamente un Estado paralelo, como ocurría con las Maras Salvatruchas en El Salvador, donde los ciudadanos pagaban dos impuestos: al Estado y a los criminales, razón por la cual el ciudadano ha aceptado y respaldado a Bukele en su país.

Esos delincuentes controlan territorios con el objetivo de establecer un sistema de impuesto, señala el coronel ecuatoriano Roberto Santamaria, jefe policial de Nueva Prosperina, cooperativa de viviendas, en uno de los distritos más violentos del puerto de Guayaquil, después de imponer el temor mediante amenazas, se aseguran el cobro de una recaudación, empleando para ello muchas veces a menores de edad, que son inimputables ante la ley, y otra facción se encargan de atacar a quienes se resisten o incumplen.

En una fase más sofisticada del delito, un grupo delictivo cede a otro grupo la “administración” de su área por una suma regular de dinero. El coronel Santamaria dimensiona su músculo financiero, en un solo conjunto de dos mil viviendas, en Nueva Prosperina, donde a cada una le cobraron dos dólares diarios, haciendo un total de 120,000 dólares al mes, que pueden llegar a los 200,000 dólares con el cobro a transportistas.

Foto: INFOBAE

En Colombia la extorsión puede extenderse a poblaciones enteras en Buenaventura, su principal puerto del Pacifico, con 311,000 habitantes, donde “todos tienen que pagar” ya sea para abrir un negocio, construir o mejorar un edificio, señala Elizabeth Dickinson, analista de la ONG Crisis Group en Colombia.

Del ‘call center’ a la inteligencia artificial, últimamente los ‘call centers’ ofrecen créditos con un interés menor a través de una aplicación, que las víctimas descargan en sus celulares. El dinero lo reciben después de compartir una información personal, que luego es utilizada para chantajear a toda la familia y amigos, además los delincuentes están utilizando inteligencia artificial, para crear fotos de desnudos, con fotos reales de mujeres, con el mensaje “Soy prostituta llámame a este número”. La hacen circular entre algunos familiares y amigos, y para no hacerlas viral la víctima tiene que pagar.

Finalmente ante esta realidad no solo basta la respuesta de la seguridad pública, también de la propia población con su denuncia. Sin duda se tienen que redefinir las políticas de seguridad, hay que diseñar un modelo integral de seguridad, que nos permita responder adecuadamente a los nuevos retos y exigencias de prevención y protección.