Bono Universal dinamizaría la economía

Marcos Timana Álvarez

REGIÓN PIURA

Al estar paralizada gran parte de las actividades productivas, el aislamiento social generó la pérdida de empleos e ingresos de las familias. Los efectos negativos del covid-19 en la economía familiar peruana, especialmente en las familias pobres y pobres extremas, han generado el ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres; hay ahora más pobres y menos ricos.

Inicialmente, el gobierno decidió entregar el Bono Yo me Quedo en Casa a las familias pobres y pobres extremas, aproximadamente a dos millones y medio de hogares; luego aprobó la entrega del Bono Independiente a 686 mil hogares vulnerables; más tarde, resolvió crear el Bono Rural a 681 mil hogares necesitados, y, finalmente, dio curso al Bono Familiar Universal a 590 mil hogares urbanos, 250 mil hogares rurales y 740 mil hogares en programas sociales.

Este bono es de 760 soles, dirigido a 6.2 millones de hogares, de los cuales 5.3 millones ya lo recibieron. Sin embargo, debe ampliarse para meses adicionales, ya que el beneficio incentiva un mayor consumo, y con ello se aumenta la liquidez. De esta forma se hace frente a la grave contracción económica del país, la mayor a nivel sudamericano.

El Bono Universal debe darlo el gobierno en el más breve plazo para incrementar gradualmente el nivel de actividad económica y recuperar la producción, ya que actualmente hay una amplia falta de liquidez en las familias; el incentivo debería evitar que las familias cayeran en pobreza. Lo importante es que el gobierno actualice sus bases de datos, para evitar que familias que no están en una situación vulnerable reciban este bono.

En otros países, como Colombia, Chile y Argentina, los gobiernos respectivos han entregado bonos similares a las familias en situación de vulnerabilidad, con montos que ascienden a 480, 320 y 150 dólares, respectivamente.

El Perú es el segundo país de Sudamérica, con el spread financiero más alto, 1

1.1%, solo por debajo de Brasil, que tiene 24.3%.

En el Perú los bancos pagan 1.78% a ahorristas, pero por dar créditos cobran 12.89%, lo que resulta en un spread financiero de 11.1%; esto se debe a que el mercado bancario es altamente concentrado, con pocos bancos grandes, cuatro de ellos concentran 80% del sistema.

Los bancos en el Perú, dada la situación que atravesamos con la pandemia, deben reducir sus tasas de interés activas, entendiendo que, dado que muchos de sus clientes en créditos no han laborado debido al aislamiento, muchas actividades económicas han estado paralizadas, a excepción de los alimentos, servicios de salud y servicios financieros; por lo tanto, los bancos no están siendo consecuentes con la terrible situación económica que vivimos.

En Estados Unidos, los bancos pagan 0.75% anual a los ahorristas, pero por créditos hipotecarios a 15 años cobran 2% anual, qué diferencia con respecto al Perú.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) redujo la tasa de interés de referencia de 2.25% a 0.25%, para que los créditos tengan una tasa de interés activa más baja, pero los bancos han hecho caso omiso, en detrimento de los más de cuatro millones de deudores del sistema financiero peruano.

Debe existir una mayor competencia en el sistema bancario, ya que el oligopolio en el sector conduce a que se cobren altas tasa de interés activas y paguen bajas tasas de interés pasivas, pero ¿el rol regulador de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) dónde está? No cumple con esa función.

El Banco de la Nación y COFIDE deben ofrecer créditos a microempresas y pequeñas y medianas empresas a menores tasas de interés activas, y los bancos comerciales deben aprovechar ese rol fundamental del Estado como subsidiario, pero lastimosamente ceden ante la banca comercial, que cobra finalmente intereses leoninos o abusivos y no entienden la grave situación económica que sufren las familias peruanas por el covid-19.

Los bancos comerciales peruanos deben bajar sus tasas de interés activas, porque la tasa de interés de referencia ha disminuido, otorgar ciertas facilidades a sus clientes en créditos, para evitando ahorcarlos con los intereses activos altos que les cobran. Es hora de que el Estado cumpla ese rol subsidiario, en beneficio de la población peruana que tiene créditos.

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