86 millones en coimas, descontento y expectativas por caso Odebrecht en Panamá.
Luego de la audiencia, que duró más de 10 horas, en la que se definirían algunos aspectos en la investigación del sonado caso Odebrecht y las escandalosas «coimas» a diferentes políticos y funcionarios panameños, la ciudadanía expresa más decepción que satisfacción, ya que los acuerdo a los que se llegó entre las partes investigadas no llenaron las expectativas de lo que se esperaba.
Durante las horas de audiencia se fueron dando a conocer toda una serie de nombres y entramadas de «coimas» en las que, según el caso, se señala a connotadas figuras del ámbito pollito y empresarial panameño, superando la cifra inicial de 59 millones de dólares, incrementándose esta a unos 86 millones y que podría ser mucho más, según indican algunos analistas.
Según se indicó en la audiencia, las indagatorias indican de la existencia de cuentas bancarias registradas en Panamá, que sirvieron para participar del esquema de corrupción vinculado al pago para beneficiar a empresas privadas que serían contratadas para grandes proyectos. De este modo el Grupo Odebrecht, por medio de la llamada División de Operaciones Estructuradas, realizó pagos a funcionarios públicos panameños y extranjeros.
Para ello, se utilizaron sociedades de distintas jurisdicciones registrando cuentas bancarias en las que se depositaron y transfirieron dineros, previendo razonadamente que procedían de actividades relacionadas al soborno, lo que llevó consigo el pago, al servidor público, para obtener ventajas o beneficios y en ese sentido la empresa que, denominaron el Colaborador No.1, debía suministrar información que llevara a la identificación de las personas vinculadas con el delito, es así que salen a relucir toda una serie de nombres, algunos de los cuales ya se manejaban públicamente y que fueron reiterados, como otros de los que la población no tenía conocimiento.
Se informó que los hijos varones del ex presidente panameño, Ricardo Martinelli, cuyo periodo comprendió del año 2009 a 2014 se les transfirió dinero a las cuentas de las siguientes sociedades: Kadir, 8.7 millones de dólares; Aragon, 3.5 millones de dólares; Fordel, 8.8 millones de dólares; Fidcros, 500 mil dólares; Pachira, 16 millones; MengilL, 12.8 millones, pagos que fueron cancelados entre 2010 al 2014.
De igual forma Mauricio Cort, testaferro de los hijos varones del exmandatario, según el colaborador, recibió un (1) millón de dólares de la sociedad Klienfield Services durante el año 2010, además obtuvo 6 millones 650 mil dólares de la sociedad Aeon Group entre junio de 2011 a febrero de 2013.
Otro nombre revelado es el de Jaime Lasso, al cual se le hicieron pagos por 700 mil dólares a través de las sociedades Klienfield a favor de V- Tech LTD y Poseidon Enterprises LL en el Meinl Bank en Antigua.
Cabe destacar que Lasso fue investigado en la gestión pasada de la Procuraduría General de la Nación, dirigida por la exprocuradora Ana Belfon haciendo uso del criterio de oportunidad, emitiéndose una resolución de archivo de la causa por considerar que no había delito, lo que impide reabrir el caso, al igual que a su hija Michelle Lasso a la cual le decretaron el archivo de la investigación.
En estas delaciones también figura Demetrio Papadimitriu, exministro de la Presidencia, quien recibió 4 millones de dólares a través de las sociedades Malena Investment, Wallis Holding Corp, Hobert International Limited, Duskin y Demetering, donde se depositaron dineros de Aeon group, Klienfed y Constructora Internacional del Sur. Todas estas transacciones se realizaron por aproximadamente 4 millones de dólares entre junio 2010 y julio 2012, en una cuenta indicada por el padre de Papadimitriu, posiblemente mantenida en el Banco BPA Andorra.
Entre 2008 y 2009 se pagaron 8 millones de dólares, difundidos en contratos ficticios y transferencias bancarias. Entre los proveedores de servicios utilizados se menciona a la firma de abogados Rosas y Rosas.
Otra de las personas que figura en las delaciones de este acuerdo, es el exdirector de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Carlos Ho, quien recibió aproximadamente 500 mil dólares.
Igualmente se relaciona al exministro del MOP, Jaime Ford, quien se relaciona al pago de 1.8 millones realizado entre el 2013 y 2014 en una cuenta Offshore denominada Westfall Holding, del imputado Jorge Espino, en una institución bancaria en Andorra. Este dinero se pagó de forma segmentada pero, los montos no fueron contabilizados.
Durante la homologación del acuerdo también se mencionó el nombre del exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, quien por intermedio de José Luis Saiz, recibió 7 millones de dólares de forma fragmentada entre 2011 y 2014. Las transferencias pasaron a una cuenta cuyo titular era José Luis Saiz, y después a una empresa de nombre Aeon Services Ltd. El objetivo final era beneficiar a Frank De Lima. Olmedo Méndez Tribaldos, quien aparece como testaferro de De Lima, recibió la suma de 3 millones 250 mil dólares, destinados para el exministro.
Otro señalado como testaferro del exfuncionario es Andrés Moses Libidiski, beneficiario de Ralford Limited, a quien se le otorgaron fondos de Aeon Group por la suma 3 millones 50 mil dólares entre noviembre de 2013 a abril de 2014.
Al excandidato presidencial y exministro de Vivienda, José Domingo Arias, se le otorgaron 10 millones de dólares por solicitud para gastos publicitarios de su campaña presidencial. Se detectó la cuenta identificada como Allure, a nombre de José Porta Álvarez, socio y firmante en la cuenta de José Domingo Arias, 2014.
La información antes aportada permitió que se emitieran siete resoluciones indagatorias a los anteriormente mencionados, junto con Paulo César De Miranda, María Bagatelas y Michelle Lasso.
Se destaca lo dicho por Olmedo Méndez Tribaldos, quien fue en busca del entonces ministro De Lima para solicitarle empleo. En lugar de ello, este le ofreció un supuesto negocio de inversión en donde debía registrar una cuenta en el extranjero y cuyo beneficiario final era él mismo, dinero relacionado con la constructora Odebrecht de Panamá. Así mismo, lo informa José Luis Saiz, quien indica que se le hace el mismo ofrecimiento.
Por otro lado, se cuenta con el testimonio de Jorge Espino Méndez, en donde explica cómo se registra una cuenta en la banca privada de Andorra con el nombre de Westfall Holding, donde se deposita dinero a favor de Jaime Ford, supuestamente porque Odebrecht lo veía como una figura presidenciable y quería contribuir con un fondo. No obstante, ello tuvo lugar cuando Jaime Ford figuraba como Ministro de Obras Públicas.
En cuanto al exministro de la Presidencia de la República, se cuenta con la versión de otro colaborador (N°3), que advierte sobre el pedido de 4 millones de dólares a favor del Ministro de la Presidencia, y que se iba a pagar a través de su padre.
En ese sentido se informó que existen registros de las transferencias que hicieron a Malena Investment y Wallis a través de Constructora Internacional del Sur, a partir de 2010, fecha en la que Papadimitriu figuraba como ministro de la Presidencia y como tal, a cargo de uno de los proyectos más emblemáticos del periodo pasado, la Línea 1 del Metro de Panamá.
Por su parte, la empresa adherente ha hecho entrega de documentación a la Fiscalía los días 8, 18 y 22 de agosto y 24 de octubre de 2017 y aún mantienen su compromiso de seguir proporcionando documentación e información a la Fiscal.
La información y documentación mencionada han permitido que se celebren dos acuerdos de pena, uno ya homologado y el otro en conversaciones negociadas en vía de acordar, lo que lleva implícito reconocimiento del hecho punible atribuido. Al mismo tiempo, se han permitido acciones tendientes a la recuperación del patrimonio.
Surgen reacciones
Para el abogado Dionisio Rodríguez, del Colegio Nacional de Abogados, el fallo «Acuerdo de Colaboración» en el que se impone una multa a Odebrect de 220 millones y un plazo de 12 años para pagarlos y orden de archivar la causa, es contradictorio y pone en peligro la garantía de ese pago ya que, según manifiesta, «la empresa puede cerrar, decir que económicamente la empresa no está bien y se va de Panamá, y cuál es la coacción? El fallo que se acaba de dictar mata cualquier coacción que teníamos sobre la empresa Odebrecht, el fallo debió haber mantenido en suspensión cualquier tipo de medidas hasta tanto se ratificaran y hasta tanto se dieran los pagos».
El comentarista televisivo, Juan Carlos Tapia, quien goza de miles de seguidores en el país, también salió al paso en su programa de este mismo jueves manifestando, entre otros puntos, que las investigaciones deben ceñirse, no solo al período de un solo gobierno, por el contrario debe abarcar desde el período en que la empresa Odebrecht inició operaciones en Panamá (gobierno de Martín Torrijos), la del periodo de Martinelli y la del actual gobierno. https://youtu.be/eaV4zrIXn74
Para el Azrobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, esta investigación se debe llevar hasta las últimas consecuensias y que salgan los nombres que tienen que ser, que la justicia investigue todo y, aunque acepta que hasta la Iglesia Católica Panameña recibió donaciones de Odebrecht, manifiesta no tener temor de las pesquisas, «el que no la debe, no la teme», dijo, ya que ellos tiene todo registrado, desde las entradas de cada donación hasta en qué se invirtió cada centavo, como en la reconstrucción de templos y otras obras sociales. » Lo que no me gusta es que me meten en el mismo cartucho que todos los demás… no metan a la iglesia porque si me va a salir todo lo que soy», advirtió..
Monseñor manifiesta que, «no podemos distraernos del objetivo principal, que se conozca toda la verdad. No nos podemos distraer viendo quién sale en la lista… no nos podemos quedar en la lista por un mero morbo y que realmente la justicia no haga nada». A su vez destaca que no se puede comparar una donación a una persona o partido político a las hechas a la Iglesia, «yo creo que los fines políticos a cualquier partido tiene una contra parte, el tema como se desenvuelve la política en Panamá, tenemos que decirlo con mucho dolor, es casi una inversión de negocios, porque los números que yo saco no me dan, la inversión que hace un candidato y los sueldos que ganan».
La audiencia, llevada a cabo en la Corte Suprema de Justicia, estuvo acompañada de algunas protestas en los predios de edificio al que ciudadanos, políticos y representantes de diversas organizaciones se hicieron presentes, para tratar de conocer de primera mano los resultados de la misma y hacer sentir su insatisfacción por la manera como se ha «manipulado» la investigación.
