Oposición venezolana pide a la CPI investigar a Maduro
Oposición venezolana pide a la CPI investigar a Maduro
La Asamblea Nacional, que dirige el líder opositor Juan Guaidó, respaldó el informe de la ONU que señala de crímenes de lesa humanidad al presidente Nicolás Maduro
21 agosto / Dick Torres
La Asamblea Nacional (AN), que preside el gobierno interino de Juan Guaidó, acordó dirigirse a la Corte Penal Internacional (CPI) para que se investigue por crímenes de lesa humanidad al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
La AN que preside Guaidó es una extensión del anterior parlamento cuyo quinquenio legislativo 2016-2021 finalizó a principios del mes de enero, pero las fuerzas opositoras agrupadas en la Plataforma Unitaria resolvieron continuar con las sesiones legislativas.
El grupo sesiona de forma digital y paralela al parlamento actual electo en diciembre del año pasado para el período 2021-2026, de 270 diputados en su mayoría chavistas que la oposición liderada por Guaidó considera ilegal.
Luego de conocerse el pasado 16 de septiembre el segundo informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los hechos designada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de la ONU, la AN acordó debatir el tema.
Remitir informe de la ONU a la Corte Penal Internacional
La parlamentaria Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión Especial de Justicia y Paz, sostuvo que le corresponde a la CPI abrir una investigación por crímenes de lesa humanidad “ordenados por Maduro”.
Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión Especial de Justicia y Paz
“Este segundo informe emitido por la ONU constata que la dictadura aplica torturas nazis contra quienes son injustificadamente privados de su libertad”, dijo Solórzano.
Indicó que el documento de la ONU fue remitido a la Unión Interparlamentaria (UIP) y demás instancias internacionales para que tengan una información “actualizada de los crímenes de lesa humanidad que se cometen en el país”.
“Este informe se refiere a la complicidad directa, absoluta y completa de crímenes de lesa humanidad por parte de jueces, fiscales del Ministerio Público, operadores del sistema de justicia y funcionarios de los cuerpos de seguridad del régimen”, agregó.
Solórzano acusó al fiscal general Tareck William Saab de “ocultar y manipular pruebas para favorecer a la dictadura criminal y responsables directos de delitos que están siendo investigados”.
200 casos de tortura y desapariciones forzosas
El comisionado de Guaidó ante la ONU, Miguel Pizarro, expresó que el informe detalla casi 200 casos de desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual, tratos inhumanos, pruebas falsificadas, coacción entre otras prácticas aplicadas por el régimen de Maduro contra los detenidos”.
Miguel Pizarro, comisionado de Guaidó ante la ONU.
“El informe relata con mucho detalle cómo la justicia venezolana es parte de la violación sistemática de los derechos humanos”, agregó Pizarro.
El diplomático sostuvo que la investigación realizada por la Misión de la ONU demuestra que las instancias del sistema judicial venezolano “se niegan a reparar a las víctimas y a cambiar esas prácticas”.
En el debate intervino también el legislador Williams Dávila quien refirió que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha expuesto las violaciones cometidas por el gobierno de Maduro.
Medidas humanitarias para presos políticos
El diputado Franco Casella, vicepresidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la AN, exhortó al gobierno a respetar el derecho a la vida, integridad y salud de todos los presos políticos.
Franco Casella, vicepresidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad
El parlamentario abogó por una amnistía general y propuso incluir el tema en el marco del Acuerdo de Salvación Nacional propuesto por Guaidó.
Casella narró que algunos presos políticos están padeciendo enfermedades graves y no se les permite recibir atención médica.
El parlamentario recordó el caso del general de división Pedro Naranjo quien fue afectado por un tumor cerebral.
Testimonios de familiares de presos políticos
Durante el debate, el presidente de la AN, Juan Guaidó, otorgó el derecho de palabra a tres familiares de presos políticos con la intervención inicial de Loredana Hernández, hija del general de brigada de la Guardia Nacional, Héctor Hernández Da Costa-
Afirmó que su padre está gravemente delicado de salud, padece pérdida de la visión, prostatitis, arritmia cardiaca, tiene una válvula en su corazón y es diabético-
Indicó que Da Costa tiene medidas cautelares de la OEA y de liberación por parte de la ONU que el gobierno de Maduro “se niega a cumplir”.
Seguidamente, Kenny Molina, esposa de Javier Tarazona, directivo de la ONG Fundaredes, pidió a la ONU y a la comunidad internacional interceder por su pareja, al hermano de éste Rafael Tarazona y de Omar García, miembro de la organización.
Completó las intervenciones, Molly de la Sotta, hermana del capitán navío Luis de la Sotta, e indicó que el militar es uno de los casos mencionados en el informe de la Misión Independiente sobre la determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela.
Según el informe Sotta había sido detenido “arbitrariamente”, fue víctima de tortura, tratos crueles e inhumanos y desde hace un año permanece en confinamiento, sin atención médica ni visita de sus familiares y abogados.
