El Secretario General está al corriente de las acciones que el Ministerio Público de Guatemala emprendió este lunes contra los operadores de justicia y funcionarios de la antigua Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, conocida como CICIG, entre ellas la intención de emprender acciones legales en contra del ex comisionado, Iván Velásquez, el actual ministro de defensa de Colombia.
El Gobierno guatemalteco cerró la CICIG en 2019. Entre 2007 y 2019, el órgano independiente apoyó al sistema judicial nacional “en más de 100 casos de alto perfil de presunta corrupción y otros delitos penales” en los que se involucró a funcionarios del Gobierno, miembros del Congreso y de las Cortes, y varios individuos del sector privado.
En rueda de prensa en Nueva York, el portavoz de António Guterres recordó este miércoles que, según el acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativas al establecimiento de la Comisión, su personal internacional goza de privilegios e inmunidades, y que su inmunidad se mantiene pese a que ya no ocupen sus cargos.
“Por lo tanto, el Secretario General expresa una vez más su preocupación por los numerosos informes que sugieren que se están llevando a cabo acciones penales contra quienes trataron de arrojar luz sobre casos de corrupción y trabajaron para fortalecer el sistema de justicia en Guatemala”, afirmó Stephane Dujarric.
Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se expresó en similares términos y manifestó su más “profunda preocupación” por las “repetidas y crecientes intimidaciones, hostigamientos y represalias” contra los funcionarios de justicia involucrados en la lucha contra la impunidad.
Volker Türk afirmó que «resulta dramático, dada la historia de Guatemala, que quienes luchan para la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos sean los que están siendo perseguidos y procesados».
«Igualmente preocupantes son los ataques contra quienes intentan combatir contra uno de los peores virus que afligen a cualquier sociedad: la corrupción», añadió.
El número de funcionarios de justicia que sufren intimidación o se enfrentan a cargos penales por su trabajo en casos de corrupción o de violaciones de derechos humanos, especialmente en los ocurridos en el contexto del conflicto armado que tuvo lugar entre 1960 y 1996, aumentó de más del 70% entre 2021 y 2022, según documentó la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Guatemala
Türk recordó que, tras la disolución de la Comisión, se produjo “un aumento constante del número de casos de hostigamiento y acusaciones penales contra sus antiguos funcionarios y fiscales”.
«Estos procesos judiciales y la falta de garantías al debido proceso socavan el estado de derecho en todo el país», afirmó el jefe de Derechos Humanos de la ONU.
«Pido a las autoridades que tomen las medidas adecuadas para reforzar y garantizar la independencia del sistema de justicia y proporcionen la protección necesaria a los funcionarios de justicia», finalizó Türk.
