Natalia huyó de su país con sus hijos porque sus vidas corrían peligro. Al cruzar la frontera sur de México, se quedó sin recursos para subsistir. Actualmente, la Agencia de la ONU para los refugiados le brinda un lugar seguro para vivir con sus hijos; además todos ellos reciben atención psicológica.
Al igual que ella, muchas personas han encontrado información que ayuda a salvar vidas o un hogar en los albergues e instituciones que trabajan juntamente con las agencias de la ONU en México.
En este momento, tres entidades de la ONU, la Agencia para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, (UNICEF), trabajan en Tapachula, en Chiapas, para apoyar a las poblaciones locales y los flujos migratorios mixtos que atraviesan esa zona del país.
La ONU en México brinda ese apoyo acompañando a las autoridades nacionales como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), el Instituto Nacional de Migración (INM) y también al gobierno del municipio de Tapachula.
Hasta julio de 2021, Tapachula concentraba el 70% de las solicitudes de la condición de refugiado. Además, esta ciudad fronteriza recibe diariamente vuelos de personas expulsadas desde Estados Unidos.
“Uno de los focos está en cómo realmente este tipo de asistencia se convierte en un acompañamiento que garantice los derechos de los migrantes y de las personas que buscan refugio, de la forma más humana posible”, explicó Peter Grohmann, máximo representante de la Organización en México.
La coordinación del trabajo de las agencias de las Naciones Unidas con autoridades gubernamentales federales, estatales y municipales permite atender tanto a las poblaciones locales como a las que se encuentran en movimiento.
Gracias a estas acciones coordinadas, es posible facilitar la integración en las comunidades locales y prevenir la discriminación, la xenofobia y otras formas de rechazo.
Para Luis Fernando Carrera Castro, representante de UNICEF en el país, este trabajo conjunto es indispensable.
“Este impacto se refleja en mejorar las condiciones de vida de la población, y en permitirles acceder a servicios que de cualquier otra manera no tendrían como la alimentación, el albergue, la educación y la salud y, por otro lado, crear condiciones para proteger sus derechos humanos y jurídicos frente al Estado Mexicano”, añadió Carrera.
Por su parte, Dana Graber Ladek, jefa de Misión de Organización Internacional para las Migraciones en México, dijo que esta agencia impulsa un modelo para brindar alternativas de regularización migratoria, asistencia e información fidedigna a la población migrante que les permita tomar las mejores decisiones.
“Es importante (…) brindar información verificada a la población migrante para que sepan cuáles son sus derechos, cuáles son las opciones de regularización y los servicios que se pueden encontrar en Tapachula”, explicó Graber Ladek.
Giovanni Lepri, representante de ACNUR, indicó por su parte que esta agencia respalda a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para que pueda recibir y procesar las solicitudes de asilo de manera justa, pero también de manera eficiente y rápida.
ACNUR cuenta además con programas de asistencia humanitaria y de reubicación en otras partes del país.
“Tenemos un programa de entrega de ayuda humanitaria a personas que están en esta categoría de extremos vulnerables, que les sirve para mantenerse hasta que termine su proceso de asilo, por lo menos los primeros meses, y una vez que su proceso de asilo termina, si son reconocidos como refugiados, tenemos un programa de reubicación a otras partes del país donde pueden empezar un proceso de reintegración laboral, donde los niños pueden acceder a la escuela y servicios de salud”, dijo.
Desde 2014, México ha pasado progresivamente de ser un país de origen, a uno de tránsito y, en la actualidad, a uno de destino, al que llegan personas como Natalia y sus hijos, quienes han sido expulsados o tuvieron que huir de sus hogares debido a la violencia.
El cambio se puede medir con cifras: de acuerdo con las cifras oficiales de México, en 2014 solicitaron la condición de refugiados 2100 personas, en 2019 fueron más de 70.000, y en 2020, por causa de la pandemia por COVID-19, la cifra se redujo a 40.000 peticiones.
Sin embargo, entre enero y noviembre de 2021, México recibió más de 123.000 peticiones de asilo de personas que provienen de Haití, Honduras, Cuba, El Salvador, Chile, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Brasil y Colombia.