La Unión Europea prorroga un año las sanciones a Nicaragua por: María G. Zornoza
NOTI-AMERICA.COM (NICARAGUA)
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La Unión Europea ha ampliado un año las sanciones por la represión en Nicaragua. La lista incluye a seis personalidades próximas al presidente Daniel Ortega. Las protestas contra el líder sandinista comenzaron en abril de 2018. Dos años y medio después, las violaciones de derechos humanos continúan. El bloque comunitario pide la celebración de elecciones transparentes el próximo año y el fin de la violencia.
La Unión Europea impuso sus primeras sanciones a personas próximas a Daniel Ortega por «violaciones serias de derechos humanos» en mayo, tras acordar en octubre el marco jurídico para ello. Los Veintisiete consideraron que dos años después del inicio de las protestas contra el Gobierno, la represión continuaba.
Este lunes, el Consejo ha prolongado las medidas restrictivas durante un año. La congelación de activos y prohibiciones de viaje contra seis altos cargos nicaragüenses estarán en vigor hasta el 15 de octubre de 2021. Entre ellos se encuentran Francisco Díaz, director de la Policía Nacional, o Nestor Moncada, asesor de Seguridad. Ambos personas de confianza del presidente Ortega.
El bloque comunitario busca penalizar a las personas partícipes en violaciones de derechos humanos, represión de la sociedad civil y ataques a la democracia en Managua. Dos años y medio después del inicio de las protestas, Ortega continúa aferrado al poder y planea una reforma legal para condenar con cadena perpetua a los opositores.
Durante el Pleno celebrado la semana pasada en Bruselas, el Parlamento Europeo denunció la continuada represión “contra activistas, opositores, estudiantes, periodistas, grupos indígenas, miembros de comunidades religiosas y defensores de los derechos humanos” auspiciada por el mandatario sandinista. La Eurocámara pidió la ampliación de medidas restrictivas y la inclusión en la lista del propio Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.
Venezuela es el otro país lationamericano que cuenta con medidas punitivas similares de la UE. Estas restricciones no están destinadas a tener un impacto sobre la población sino meramente sobre los individuos castigados.
Durante los últimos años, la Unión ha condenado el deterioro de la situación de las libertades en el país y ha pedido el fin de la represión por parte de las fuerzas de seguridad y grupos pro-gubernamentales. Para reestablecer el diálogo nacional, los Veintisiete piden a Ortega que libere a los presos políticos y que acuerde una reforma electoral e institucional con todas las fuerzas de la oposición. Exigen también la cooperación con organismos internacionales y de derechos humanos independientes.
Como ocurre en Venezuela, el objetivo final europeo es la celebración de elecciones “creíbles, inclusiva y transparentes” durante el próximo año.
Las manifestaciones contra el Gobierno de Daniel Ortega se remontan al 18 de abril de 2018, cuando el presidente impulsó una reforma para la Seguridad Social que canalizó el previo descontento social. La medida contemplaba entre otras cosas un recorte del 5% de las pensiones y aumentar los impuestos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recoge que desde el inicio de las protestas han muerto 328 personas por violencia policial, aunque organizaciones locales advierten de que podrían ser el doble.
