El desencuentro entre los servicios técnicos del Tribunal de Cuentas (TUC) de Brasil y la autoridad reguladora del mercado de las telecomunicaciones (Anatel) ha provocado inquietud e incertidumbre entre las operadoras que participan en la adjudicación del espectro 5G, entre ellas Vivo Telefónica. Solo la luz verde final del TUC hará que Anatel ponga fecha oficial a una subasta que estaba prevista que se aclarara cuanto antes. Con este nuevo lío, las previsiones más optimistas fijan su cierre a finales de septiembre o principios de octubre. Las operadoras concursantes están más que aburridas con los retrasos.
A expensas de lo que decida la junta general del TUC, fijada para el miércoles 18 de agosto, llama la atención la virulencia con la que los servicios técnicos del tribunal de cuentas brasileño denuncian el trabajo de Anatel y las trabas a su labor técnica. Critican y denuncian que no tuvieron los medios ni el tiempo necesarios para analizar a fundo aspectos del problema, donde vislumbran irregularidades jurídicas y eventuales distorsiones de la competencia, tanto en la subasta como en la utilización de frecuencias.
Lo más llamativo es el veto a la creación de la futura red privada 5G reclamada por el gobierno federal y al ambicioso Programa Amazonia Conectada y Sostenible (PAIS), cuya infraestructura tiene estimados unos costes de 2.220 millones de Reales que, según el Gobierno de Brasilia y Anatel, deberían ser construidas y financiadas por las vencedoras de la subasta 5G. Sin embargo, para el área técnica del TUC, eso solo sería posible con unas reformas jurídicas de gran calado (Constitución y Ley General de Comunicaciones) que nadie contempla ahora.
Lo que el TUC quiere impedir es que los cuantiosos compromisos de inversión reservados exclusivamente a las operadoras adjudicatarias puedan quedar eventualmente bajo la responsabilidad del Estado. Y es aquí donde Anatel recibe las principales críticas, no solo las relacionadas con la red privada del Gobierno federal y la conexión amazónica, como la “limpieza” del espectro 3,5 GHz, sino mucho más todavía por los riesgos derivados de las estimaciones realizadas por la autoridad reguladora.
Según Anatel, el despliegue de la red 5G tendrá un coste global de 45.600 millones de reales, de los cuales solo unos 8.680 millones corresponden a la subasta. Así, al contrario de lo que ha ocurrido en la mayoría de los países, Brasil no tendrá una “subasta recaudatoria”. Según el ministro de las Comunicaciones Fabio Faria, la preocupación del Gobierno brasileño consiste en garantizar una mayor libertad de acción frente a las operadoras, no solo para dictar las políticas que considere más necesarias al sector, sino también para hacerlas cumplir.
De hecho, la parte financiera más importante del despliegue de la nueva red es la relacionada con los “compromisos de inversión” que serán asumidos por los vencedores de la subasta, por una suma total de 37.100 millones de reales. La parte principal se la llevará el despliegue de la red nacional prevista en la frecuencia de 3,5GHz, que exigirá una inversión total de 21.460 millones de reales, además de los 1.355 millones invertidos en las respectivas licencias, frente a solo 5.670 millones y 41 millones respectivamente en la frecuencia 3,5Gh de ámbito regional.
Es ahí donde el área técnica del TUC critica con mayor virulencia la labor realizada por Anatel, cuyo concurso 5G estuvo a todas luces más pendiente de las preocupaciones de las operadoras que de los eventuales riesgos financieros a cargo de los contribuyentes. El problema, según los técnicos del TUC, es que Anatel no tuvo una línea de actuación coherente para realizar sus planes de desarrollo 5G, y las respectivas inversiones prioritarias, en unos casos exagerando las necesidades de cobertura de las regiones más desarrolladas, y penalizando las más pobres.
O sea, según los expertos del TUC, con su la metodología y sus objetivos prioritarios, Anatel no tomó suficientemente en consideración, para el despliegue de la red 5G (sobre todo en los 3,5Ghz de ámbito regional), criterios clave como las disparidades regionales, la renta media de las respectivas poblaciones, los niveles de desarrollo socioeconómico, etc.
Hasta el punto eludió este asunto que con la aplicación estricta de sus objetivos de cobertura 5G, sin una eventual inversión pública adicional, la conectividad de la red escolar quedaría aplazada por al menos dos décadas.
Una buena muestra de la discrecionalidad de Anatel fue poner su máxima prioridad en la cobertura de las 60 mayores ciudades del país, que representan solo 1% del total. Los técnicos del TUC advierten que el 99% de ciudades marginadas por Anatel, como Brasilia, Salvador, Guarulhos o Porto Alegre, pondrán el grito en el cielo para tener también una buena red 5G, pero cuyo principal coste recaería en las arcas públicas.
Sumando todos los riesgos atribuidos al concurso 5G de Anatel, el informe elaborado por el TUC calcula que los costes adicionales para las finanzas públicas podrían ascender a unos 25.300 millones de reales, además de los 4.000 millones de inversión pública ya prevista en aquellas pequeñas ciudades del interior, con menos de 30.000 habitantes, que carecen de interés para las operadoras. El TUC también ve riesgos potenciales de hasta 40.000 millones de reales en el cálculo de la depreciación de las torres de antenas y de la red de fibra óptica.
Con todo ello, es posible que los responsables de Anatel pequen por exceso de optimismo afirmando que lo que pide el TUC son solo unos pequeños reajustes, que no afectan el núcleo duro del concurso 5G, con lo que todo tendría que quedar arreglado el próximo miércoles. En tal caso, habría que dar razón al máximo responsable gubernamental del sector, el ministro de las Comunicaciones Fabio Faria, que sigue contemplando la realización de la subasta para finales de septiembre o para principios de octubre.
Fabio Faria apuesta, así, a que el TUC no tendrá en cuenta las críticas de su área técnica, subrayando, por ejemplo, que no cabe impedir la construcción de la red privada federal reclamada por Jair Bolsonaro, en línea con países como USA, que tiene un centenar de redes del mismo tipo, doce de las cuales en su Departamento de Defensa. Y advierte al TUC, que, con los cambios reclamados por sus técnicos, Anatel tendría que someter la licitación a una nueva consulta pública, con que retrasaría 18 meses más el despliegue de la nueva infraestructura.
En todo o caso, al margen de los riesgos eventuales para las arcas públicas, de lo que más se habla ahora, es del ingente esfuerzo inversor que será exigido a las operadoras (empezando por Vivo, Claro y Tim, que se repartirán los activos móviles de Oi), como si fueran las grandes responsables, no solo del retraso registrado en el despliegue de la red 5G ( Fabio Faria será menor que el registrado cuando el país lanzó los servicios 3G y 4G), sino igualmente del hecho que casi un 20% de la población brasileña sigue sin tener ningún tipo de acceso a la red.
Llama la atención, al respecto, el anuncio de una reforma que podrá ser importante para el desarrollo del sector: aprobada por el Senado, pero a expensas aún del voto de los diputados, dicha reforma consiste en retirar a la Presidencia del Gobierno el poder discrecional que aun ejerce para controlar la entrada de inversión extranjera y proteger los accionistas minoritarios. De lo que se trataría, pues, seria facilitar la llegada de nuevos actores – principalmente fondos de inversión y fondos de pensiones – como nuevos agentes de dinamización del sector.
