La crisis carcelaria del Ecuador: una mirada de los organismos internacionales
REDACCIÓN NOTI AMÉRICA (ECUADOR)
Análisis de la crisis carcelaria
El Grupo Parlamentario de los Derechos Humanos se reunió con el fin de abordar el problema al interior de los centros penitenciarios del país. La titular del ente legislativo, Doris Soliz, hizo un breve recuento sobre los hechos suscitados el pasado 23 de febrero, en donde murieron 79 privados de libertad.
Así mismo, hizo alusión al abuso de la prisión preventiva y remarcó que cerca del 40% de personas en las cárceles están en esta condición.
En el panel denominado “La crisis carcelaria del Ecuador: una mirada de los organismos internacionales” participó Stuardo Ralón, representante de la CIDH, encargado de atender a las personas privadas de la libertad, quien remarcó que los centros carcelarios de la región tienen en común la falta de salubridad y los altos niveles de hacinamiento. En tal sentido, indicó que es necesario proporcionar un trato humano y digno a este grupo prioritario.
En su intervención, también resaltó que es primordial revisar los recursos de la prisión preventiva, pues las condiciones de hacinamiento muchas veces se dan por el abuso de esta figura. Así mismo, puntualizó que postergar una reforma estructural de políticas públicas en materia carcelaria generará que brotes de violencia se sigan generando.
De su parte, Marco Feoli, integrante del Subcomité para Prevenir la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aseguró que las crisis carcelarias se suscitan por tres causas: calidad de la gestión penitenciaria, falta de acceso a condiciones básicas y variable de importación.
Adermás, sostuvo que la violencia en los centros de privación de libertad son el resultado de hacinamiento, deterioro de infraestructura, malos tratos, entre otros aspectos. En tal sentido, indicó que los Estados deben asegurar garantías básicas para las personas privadas de la libertad que, en su mayoría, están encerrados por temas que responden a la pobreza.
Señaló que el poder judicial debe entender que la prisión preventiva ahonda el problema en las cárceles, manifestó que las personas deberían enfrentar los procesos en libertad. Dijo, también, que si los centros de privación de libertad se llenan, el Estado pierde el control y es más complicado manejar las crisis.
Asambleístas y miembros de la sociedad civil presentaron varias inquietudes al expositor Feoli, entre ellas, cuál es el modelo de gestión penitenciaria adecuado para manejar problemas en los centros de rehabilitación, cuáles son las vías adecuadas para que los Estados cumplan con los acuerdos internacionales con los que se comprometen, qué mecanismos se pueden adoptar para la reinserción social.
En otro ámbito, se propuso establecer una hoja de ruta para llevar adelante acciones concretas de fiscalización y evaluación de la aplicación de las leyes en materia de protección de derechos humanos. Así como establecer responsabilidades de autoridades que presuntamente violaron los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Feoli señaló que los Estados deben honrar los acuerdos firmados, pues ningún organismo reemplaza a las autoridades de un país, recalcó que el rol del Subcomité es únicamente el acompañamiento y la emisión de sugerencias.
Planteó que generar diálogos institucionales es la clave para solventar las crisis. Indicó que es necesario disminuir las tasas de las personas que están privadas de libertad en Ecuador. Sugirió hacer un mejor uso de la prisión preventiva, el 40 % es una tasa demasiado elevada.
Al finalizar el panel, el asambleísta Tito Puanchir, secretario del Grupo Parlamentario, sostuvo que debe existir voluntad política de las autoridades para la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Indicó que es necesario ampliar estas reuniones con entidades competentes en justicia como Fiscalía y Consejo de la Judicatura.
