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Anamichelle Castellano explicó que ella y otro voluntario de su agrupación sin fines de lucro fueron detenidos el lunes en un puente que une a Brownsville, Texas, con Matamoros, México. Las autoridades descubrieron una pequeña caja con municiones en el vehículo que conducía, y ella señaló que pertenecían a su esposo.

México tiene estrictas leyes que prohíben el ingreso al país con armas o municiones. Ocasionalmente esas leyes afectan a los estadounidenses que cruzan la frontera.

Castellano dijo que durmió la noche del lunes en un sofá de una oficina de gobierno junto a su hija de 9 años. Al día siguiente rindió una declaración a una persona que, creía, se trataba de un fiscal, y pocas horas después se le permitió salir. La Fiscalía General de Justicia del estado de Tamaulipas, donde se ubica Matamoros, no respondió de inmediato una solicitud de comentarios.

Castellano y su esposo, Jehú, operan una organización sin fines de lucro de nombre The Socorro Foundation. Son algunos de los voluntarios que intentan ayudar a miles de padres e hijos que se encuentran en localidades fronterizas de México a la espera de solicitar asilo en las cortes migratorias de Estados Unidos.

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El gobierno del presidente Donald Trump ha evitado que muchos solicitantes de asilo ingresen al país o han sido repatriados mientras se procesan sus casos, una política conocida como “Esperar en México”.

“Nuestra fe es grande”, dijo su padre Genaro López, el miércoles. “Dios no parpadeó. Tenía un plan”.

Castellano señaló que ella y un grupo de voluntarios habían trabajado hasta altas horas de la noche envolviendo regalos para los niños en el campamento de Matamoros, que consiste de cientos de carpas ubicadas en un terreno junto al Río Grande (Bravo), que separa a México y Estados Unidos.

Contó que tuvo problemas con su vehículo la mañana del lunes, por lo que terminó conduciendo el auto de su esposo. Jehú eventualmente tomó el de ella. Entre los dos carros se dividieron los cerca de 300 regalos.

Aunque su esposo llegó a Matamoros sin mayor problema, un agente le indicó a Castellano que su vehículo requeriría de una inspección adicional. Una vez que los agentes le dijeron que tendrían que desenvolver todos los regalos en el auto para revisar en busca de cualquier objeto de peligro, ella accedió a que se utilizara una máquina de rayos X para examinar el auto.

La inspección descubrió una pequeña caja de municiones, que describió como del tamaño de la palma de su mano. Castellano dijo que no sabía de la existencia de la caja hasta que se realizó la inspección y que no tenía intención de introducirlas a México.

Durante los dos días recibió información contradictoria sobre si podía dejar el país o si sería encarcelada. Se identificó con agentes de por lo menos tres diferentes agencias que le hicieron preguntas.

A final de cuentas, se le informó que ella y el otro voluntario podían irse después de pagar una fianza de 8.000 dólares. Eventualmente el monto se redujo a alrededor de 4.000 dólares, y su esposo pagó 3.000.

Se le dijo que posiblemente tendría que regresar al país para comparecer ante un juez de Reynosa, y ella dijo que lo haría una vez que se le emitiera una fecha para su audiencia.

“Sirvo a los refugiados”, declaró. “No me puedo arriesgar a que me digan que no puedo volver y darles sus regalos y los suministros que necesitan”.

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