Fuente: https://www.elmundo.es / Sebastián Fest

Impensable hasta hace pocas semanas y a exactos dos meses del inicio de la insurrección social que cambió la cara del país, Chile aprobó este miércoles la convocatoria a un proceso constituyente que se desarrollará durante buena parte del año próximo.

Tras más de siete horas de debate en la sede del Congreso en Valparaíso, la Cámara de Diputados aprobó la convocatoria a un plebiscito constituyente por 127 votos a favor, 18 en contra y cinco abstenciones. Así, los chilenos votarán el 26 de abril de 2020. También se aprobaron las normas de los dos mecanismos previstos para darle forma a la nueva Carta Fundamental: una convención constitucional mixta, conformada por parlamentarios y ciudadanos especialmente electos, y otra con todos sus miembros elegidos por voto popular.

Habrá también, en principio en octubre, un plebiscito que debe ratificar la nueva Cosntitución. La decisión aprobada por los diputados pasa ahora al Senado, donde se estima que no habrá dificultades para su conformación.

Parte de la oposición criticó que se rechazara aprobar artículos transitorios que establezcan la paridad de género, escaños reservados para pueblos indígenas y la incorporación de independientes. «Esto implica no reconocer al verdadero Chile», alegaron. «Se impuso el lobby machista», alegó la diputada opositora Gael Yeomans.

Sebastián Sichel, ministro de Desarrollo Social, pidió mirar lo decidido hoy con perspectiva – «sabemos que lo que hemos hecho es importante, pero no suficiente»-, y aseguró que el gobierno promoverá la máxima participación popular posible para crear una nueva Constitución que sustituya a la de los años de la dictadura de Augusto Pinochet: «El objetivo es tener más de 10.000 diálogos autoconvocados, esto involucra a 100.000 personas. Buscamos la mayor extensión territorial posible y aprovechar las sugerencias en el proceso de reforma que inició la presidenta (Michelle) Bachelet».

En un artículo publicado este miércoles en ‘The New York Times’, el presidente Sebastián Piñera, cuyo índice de aprobación popular es de apenas el 13%, fue optimista: «Esta protesta social se convirtió en una gran oportunidad para construir un nuevo futuro para Chile».

La protesta de estudiantes por el aumento del precio de los boletos del metro derivó a partir del 18 de octubre en una protesta social nunca vista en los 30 años de democracia chilena. Piñera reaccionó imponiendo el estado de excepción y dando a los militares el control de las calles. El saldo de las protestas es de 33 muertos, miles de heridos y serias denuncias de violaciones a los derechos humanos en los procedimientos de las fuerzas de seguridad chilenas. Tras resistirse inicialmente a la reforma constitucional, la coalición de centroderecha que lidera Piñera decidió acompañar e impulsar el proceso.