Fuente: https://elpais.com / Catalina Oquendo

Colombia va a camino de instalarse en un pulso permanente entre los líderes de las protestas y el Gobierno de Iván Duque. Los sindicatos han llamado a un nuevo paro nacional para este miércoles. El anuncio se produjo en medio de las conversaciones con el presidente que quedaron en suspenso después de días de movilizaciones, que se iniciaron la semana pasada y prosiguieron con una multitud de convocatorias y cacerolazos. La muerte de Dilan Cruz, quien se había convertido en un símbolo de los manifestantes tras recibir el disparo de un policía antidisturbios, sobrecogió al país y disipó, al menos por el momento, las condiciones para alcanzar un acuerdo.

Las organizaciones de trabajadores y estudiantes buscan elevar la presión en la calle y desde las nueve de la mañana se concentran en las principales ciudades del país. Sus reivindicaciones no han cambiado en la sustancia y tienen que ver con la política económica del Ejecutivo, el llamado paquetazo, empezando por el retiro del proyecto de ley de reforma tributaria. Pero a esa ecuación de descontento se añaden las consecuencias de la represión de las fuerzas de seguridad. El duelo por Dilan, que apenas tenía 18 años, supone un punto de inflexión en la oleada de protestas. Y por eso los líderes sindicales incluyeron en el pliego de 13 puntos que entregaron a Duque también el desmantelamiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

«Precisamente, en homenaje a Dilan se hará el paro nacional de este miércoles», ha afirmado en conferencia de prensa Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Este dirigente explicó que la reunión con el mandatario «terminó porque tenía cita con las cortes», en referencia a los altos representantes del sistema de justicia. «No, no nos levantamos de la mesa. Hemos presentado la agenda con la que se convocó el paro», ha aclarado. Entre las exigencias figura la derogación del holding financiero, un grupo estatal que pretende agrupar empresas de servicios financieros, cuya creación fue formalizada el lunes por el ministro de Hacienda. «Nos parece una ofensa que en medio de las movilización, Alberto Carrasquilla haya tomado esa decisión», ha proseguido el sindicalista.

La agenda del diálogo incluye también el rechazo a la reforma de las pensiones, busca el compromiso del Gobierno de no poner en marcha nuevas reformas laborales y pide que las autoridades aborden con el movimiento Defendamos la Paz la aplicación de los acuerdos alcanzados en 2016 entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC. Las movilizaciones reflejan de alguna manera las nuevas prioridades del país, que pese a no haber resuelto el problema de la violencia en el campo, dejó atrás un conflicto armado. «La protesta […] cambió la agenda política del país. La del Gobierno está cuestionada», ha enfatizado Fabio Arias, secretario general de la CUT.

El Gobierno se ha avenido por ahora a acometer modificaciones a la reforma tributaria. El mandatario ha tomado nota de las peticiones y, tras conocerse la nueva convocatoria de huelga general, ha comparecido para anunciar la introducción de tres días sin IVA al año para que las familias y las empresas puedan realizar compras, nuevas devoluciones, descuentos en salud para jubilados y un programa de empleo juvenil. Sin embargo, Duque no ha conseguido contener la presión de las movilizaciones y su gestión de la crisis por la que atraviesa Colombia le ha costado un aumento del malestar social por un lado y por otro, críticas de los sectores derechistas más radicales de su partido, el Centro Democrático.

El paro nacional del miércoles, según los convocantes, no significa una ruptura del diálogo, sino que es una forma de redoblar el pulso y exigir justicia por los casos de represión. «No nos levantamos de la mesa. Debido al vil asesinato de Dilan nos vamos a seguir movilizando. Tenemos que lograr que el Gobierno responda ante la agenda. Esperamos que Duque nos dé una respuesta. Estamos abiertos al diálogo, pero a uno que realmente beneficie a la gente», ha manifestado Nelson Alarcón, de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).

Distintas instancias internacionales han expresado en los últimos días preocupación por el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones. Tanto Naciones Unidas como Human Rights Watch (HRW) han exigido a la Fiscalía una investigación profunda que depure las responsabilidades. «No debe haber impunidad», ha señalado la ONU. Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, se ha dirigido también al nuevo ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, para que anuncie «medidas para que esto no vuelva a ocurrir». La política de seguridad del Gobierno de Duque, que dio un giro con respecto a los primeros avances registrados tras la firma de los acuerdos de paz, es precisamente uno de los focos del descontento de parte de la sociedad colombiana. El exministro Guillermo Botero tuvo que dejar su cargo a principios de noviembre por ocultar una operación en la que se produjo una matanza de menores. Y la actuación de las fuerzas de seguridad en las protestas refleja, en ocasiones, una respuesta más propia del pasado, de cuando el país aún estaba en guerra.

«Lo de Dilan no es un caso aislado«, ha dicho Jennifer Pedraza, del movimiento estudiantil. Pedraza ha asegurado que durante la reunión con el mandatario hablaron de las denuncias contra el Esmad. «El presidente no reconoce que ha habido una decisión política de macartizar la protesta. No puede solo lamentar. Lamentar es una frase muy vacía pero en la práctica no está respetando las garantías a la movilización. Encontramos un silencio absoluto y cómplice como respuesta», ha opinado.

El jefe del Ejecutivo había lamentado, el lunes por la noche, la muerte del joven. «Expresamos nuestras sinceras condolencias a su mamá, su abuelo y sus dos hermanas. Reitero mi solidaridad con esta familia», escribió en Twitter. Respuesta insuficiente, según los líderes de las movilizaciones, que prometen este miércoles exigir justicia desde las calles de Colombia.