Unos mil manifestantes se concentraban en el parque central de Tegucigalpa gritando consignas contra el presidente cuando intempestivamente fueron atacados por los policías.
Fuente: https://www.france24.com
Los manifestantes se vieron obligados a dispersarse, aunque algunos atacaron con piedras a los policías, en medio del humo de las bombas lacrimógenas que cubría las calles.
La movilización fue convocada por una coalición de agrupaciones de la sociedad civil.
También miles de simpatizantes del oficialista Partido Nacional (PN, derecha) marcharon horas antes en una manifestación de apoyo al presidente.
«Viva JOH (Juan Orlando Hernández)», «No está solo», coreaban más de 6.000 personas, según estimaciones de periodistas, en el bulevar Kuwait, sur de la capital.
El PN había convocado a la movilización con el slogan «Unete a la gran marcha fuerza azul», el color del partido de Hernández que se ha visto severamente comprometido con los testimonios de excapos de la droga que han comparecido ante una corte de Nueva York.
Estos señalamientos se presentaron durante el juicio, abierto el pasado 2 de octubre, contra su hermano Juan Antonio «Tony» Hernández.
Testigos aseguraron que narcotraficantes, entre los que está el encarcelado capo mexicano Joaquín «Chapo» Guzmán, entregaron cuantiosas cantidades de dinero a JOH para sus campañas a diputado en 2005 y para la presidencia en 2013 y 2017, a cambio de protección para traficar cocaína hacia Estados Unidos.
«El pueblo hondureño es bueno y ha estado en la buenas y en la malas conmigo», expresó el gobernante en un discurso ante los manifestantes.
«Dios y el pueblo hondureño nos tienen aquí y seguiremos librando la batalla por el bien del pueblo hondureño», sentenció en aparente alusión a las exigencias de que renuncie.
La oposición de la sociedad civil y la encabezada por el presidente derrocado en 2009 y líder de la izquierda hondureña, Manuel Zelaya, exigen la salida del presidente.
Diputados de la oposición presentaron la noche del martes en el Congreso una propuesta para que el mandatario sea sometido a «juicio político», sin posibilidades de éxito por el control que ejerce el oficialismo en el legislativo, al tener la mayoría de los diputados a su favor.
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