«Pedimos al Organismo Legislativo desechar la iniciativa de ley 5537 que criminaliza a las unidades familiares migrantes», dijo en conferencia de prensa Ana Ortiz, representante del Grupo Articulador de la Sociedad Civil en Materia Migratoria para Guatemala, el cual aglutina a varias organizaciones sociales.

La iniciativa superó la primera lectura en el Congreso a principios de septiembre y contempla penas de seis meses a ocho años de prisión para los responsables del traslado de niños y adolescentes fuera del país sin documentos migratorios, incluidos los padres de familia.

Según Ortiz, el proyecto «evidencia un pleno desconocimiento de la normativa nacional e internacional en materia migratoria de asilo y refugio, al criminalizar la migración de las unidades familiares por ejercer un derecho que el mismo Estado guatemalteco reconoce».

Tres diputados del partido gobernante FCN-Nación (derecha), impulsaron el plan el año pasado cuando se produjo una crisis migratoria por la separación de familias migrantes en la frontera de Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump,estableció una política de «tolerancia cero».

Los congresistas consideran que los niños han sido utilizados por los adultos como «escudo» o garantía para entrar a Estados Unidos y obtener un beneficio migratorio.

«Es necesario regular y proteger a la niñez y adolescencia (…) así como sancionar la conducta de los padres que pretendan trasladar a sus menores hijos fuera de las fronteras del país sin la documentación legal migratoria», señala un extracto del proyecto.

Pero Ortiz destacó que la iniciativa es «indiferente a la realidad social» de las familias, que en muchos casos huyen de la violencia y la conflictividad social en Guatemala.

El tema de la migración irregular a Estados Unidos se agudizó el año pasado en la región tras la salida de caravanas masivas de hondureños, a los que se unieron salvadoreños y guatemaltecos alegando que escapaban de la violencia y pobreza reinante en sus respectivos países.

Así, Trump presionó a Guatemala para firmar un polémico acuerdo por el cual se recibía a los solicitantes de asilo, forzando también a El Salvador y Honduras a adoptar esos programas.