La política de separación de familias migrantes en Estados Unidos del gobierno de Donald Trump empeoró «el sufrimiento psicológico» de muchos niños ya marcados por experiencias traumáticas, según un informe oficial publicado el miércoles.

Trump, que ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal uno de los buques insignia de su mandato, declaró en 2018 una política de «tolerancia cero» en la frontera con México, lo que llevó a la separación de cientos de familias, la mayoría centroamericanos que huían de la pobreza y la violencia en sus países.

«Los niños separados mostraron más miedo, sentimientos de abandono y estrés postraumático que los niños que no habían sido separados», escribió el inspector general del Departamento de Salud en un informe sobre las visitas realizadas a mediados de 2018 por sus servicios a 45 centros de acogida para menores migrantes.

«Algunos expresaban un dolor agudo que los hacía llorar desconsoladamente», otros «se negaban a comer o participar en actividades», y los que no entendían por qué estaban separados de su padres «sufrieron altos niveles de angustia mental», señaló la oficina del inspector general, un organismo que supervisa de manera independiente las estructuras adscritas al departamento.

Según el reporte, «la separación de familias y un proceso de reunificación desordenada se ha sumado al trauma» de los menores que ya enfrentaban abusos o violencia en sus países de origen o en la ruta migratoria.

Las tragedias sufridas por estas familias, oriundas en gran parte de Guatemala, Honduras y El Salvador, generaron preocupación incluso en filas del partido republicano de Trump, quien puso fin a esta política en junio, mientras por su lado un juez ordenaba la reunificación de las familias divididas.

Las autoridades identificaron entonces poco más de 2.700 niños que debían ser reunidos con sus padres.

En paralelo, se endurecieron las normas para la entrega de migrantes menores a «patrocinadores» en todo el país, con lo cual se alargó la duración de la estadía de estos niños y adolescentes en los centros de acogida del Departamento de Salud, con un pico de 93 días en promedio en noviembre de 2018.

Estas demoras generaron «mayores niveles de desconfianza, desesperanza y frustración entre los niños, con más casos de mutilación o ideas suicidas», dijo el inspector general.

Por su parte, los profesionales de la salud dijeron sentirse sin recursos ante la situación, comparando su acción con una «curita» en heridas profundas.

La duración promedio de la estadía en centros de acogida se redujo a 48 días en abril, pero la situación aún requiere mucha atención. En su informe, el inspector general propuso reforzar la capacitación del personal y el acceso a psiquiatras externos, y planteó la posibilidad de transferir los casos más graves a estructuras especializadas.

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