Los planes del presidente Donald Trump y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, están logrando reducir la inmigración de indocumentados a Estados Unidos.

A finales de mayo y principios de junio se dieron los primeros reportes de una baja tras el acuerdo firmado por el canciller mexicano Marcelo Ebrard con la Administración Trump, tras la advertencia de tarifas a productos mexicanos.

Sin embargo, el reporte de junio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) –recientemente publicado– confirma una baja de 39,043 cruces con respecto a mayo, mes que se firmó el acuerdo con el Gobierno mexicano. Se espera que esa cifra sea superior en julio. Esa cifra indica las detenciones y las personas no admitidas.

“En junio, 94.897 personas fueron detenidas entre los puertos de entrada en la frontera suroeste, en comparación con 132,880 en el mes de mayo y 99,290 en abril”, destaca el reporte. “En el año fiscal 2018, un total de 396,579 personas fueron detenidas entre los puertos de entrada en nuestra frontera suroeste”.

De niños no acompañados (UAC, en inglés) se reportaron 11,489 en mayo y 7,378 en junio. El puerto de entrada de El Paso, Texas, fue el que registró la mayor reducción con -80%, al pasar de 2,547 a 502 con respecto al mismo mes en 2018; seguido por Ladero con el -67%.

De unidades familiares fue mayor la reducción al pasar de 84,491 en mayo a 57,379; mientras que adultos solos la baja fue menor de 36,900 a 30,130, similar al pico registrado en marzo. El Paso fue donde hubo menos cruces con -37% con respecto al año pasado.

López Obrador ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en sus dos fronteras. En el sur, pera evitar el cruce de centroamericanos a México y en el norte para evitar el paso a los Estados Unidos.

Aunado a ello, el Gobierno mexicano ha aceptado a alrededor de 20,000 inmigrantes que pidieron asilo y esperan una respuesta en cortes estadounidenses.

El mandatario mexicano también impulsa el Plan Integral de Desarrollo, el cual busca generar desarrollo en los países del Triángulo Norte. El proyecto es apoyado por la Unión Europea y comenzó en El Salvador con una inversión de $30 millones de dólares y continuará en Honduras con una cifra similar.