El Gobierno brasileño habla de librar al país de “extranjeros peligrosos” para justificar la medida. Expertos en migración ven la iniciativa como una manera de amedrentar al periodista estadounidense Glenn Greenwald.
En primer plano, el ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro; a su lado, el presidente Bolsonaro.
Fuente: https://www.dw.com/es
La ordenanza administrativa número 666 aprobada por el ministro de Justicia de Brasil, Sérgio Moro, busca facilitar la deportación de «extranjeros que representen un peligro para la seguridad” del país o impedir de antemano que entren a su territorio. Las críticas no se han hecho esperar.
«En Brasil no ha pasado nada que justifique una ordenanza como esa”, dice la abogada Tania Maria de Oliveira, de la organización no gubernamental Asociación Brasileña para la Defensa de la Democracia, en entrevista con DW.
El abogado federal Joao Chaves asegura que la medida tomó desprevenidos a todos los profesionales que laboran en el ámbito de la migración, acotando que lo tradicional en Brasil no es expulsar a los inmigrantes que han entrado sin documentación en regla al país, sino legalizar su situación lo antes posible. Actualmente hay alrededor de 11.000 refugiados reconocidos en el gigante sudamericano y unas 160.000 solicitudes de asilo en estado de tramitación. Al contrario de Europa, Brasil no solía enfrentar la migración como un problema.
El ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro.
Medida reñida con la Constitución
También Thiago Amparo, especialista en derechos humanos y relaciones internacionales de la Fundación Getulio Vargas, se muestra extrañado por la ordenanza de Moro. A su juicio, la medida viola la Ley de Migración de 2017, que más bien les ofrece muchas garantías a los refugiados. Por ejemplo, la iniciativa de Moro reduce los plazos para presentar reclamos o apelaciones de sesenta días a cuarenta y ocho horas. «Eso dificulta que las personas afectadas hagan valer sus derechos”, comenta Amparo.
«Ningún tribunal aceptaría este tipo de cambios en Europa, ni siquiera en Alemania, que tiene una legislación muy severa”, esgrime Chaves, añadiendo que la ordenanza de Moro permite deportar a un inmigrante incluso cuando no hay pruebas sólidas de que violó las leyes brasileñas, mientras que la Ley de Migración de 2017 condiciona la deportación a la emisión de una sentencia judicial. Por si fuera poco, poner a personas bajo custodia ante una inminente deportación –práctica prohibida en 2017– vuelve a ser legal gracias a Moro.
Un cañón para matar a una mosca
Chaves subraya que corregir la Ley de Migración de 2017 mediante una simple ordenanza atenta contra lo estipulado en la Constitución de Brasil; lo correcto sería poner en manos del Congreso nacional la enmienda de la ley mencionada. A sus ojos, ese tipo de decisiones arbitrarias suelen ser tomadas por dictaduras y no por regímenes democráticos. Con su nueva retórica anti-migración, el Gobierno de Jair Bolsonaro sigue los pasos de los Ejecutivos de Estados Unidos, Polonia y Hungría, critica, por su parte, Thiago Amparo.
El periodista estadounidense Glenn Greenwald.