Guaidó llamó «a toda Venezuela a movilizarse» y anticipó que en esa ocasión, la habitual sesión de los martes de la Asamblea Nacional (AN, parlamento) «será junto al pueblo en la calle».

Las movilizaciones callejeras son una de las principales herramientas del antichavismo, que desconoce el mandato iniciado en enero pasado por el presidente chavista Nicolás Maduro por entender que surgió de elecciones irregulares.

De hecho, en una de esas manifestaciones, la AN -único de los cinco poderes constitucionales de Venezuela bajo control de la oposición al chavismo- proclamó presidente encargado a Guaidó y le tomó juramento, el 23 de enero.

Sin embargo, la concurrencia a esas marchas -y, como resultado, la frecuencia con que fueron convocadas- fue mermando en los últimos meses, a partir de dos hechos que diversas corrientes de opinión consideraron como fracasos en la estrategia de «cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres» de Guaidó.

El primero de ellos sucedió el 23 de febrero, cuando el antichavismo no logró ingresar al país toneladas de alimentos y medicamentos destinados a paliar la grave crisis humanitaria causada por la hiperinflación y el desabastecimiento.

El segundo tuvo lugar el 30 de abril, cuando falló un apresurado alzamiento cívico militar destinado a desalojar del gobierno a Maduro.

Con todo, esas derrotas no fueron absolutas ni impidieron que, seis meses después, Guaidó siga siendo considerado el líder de la oposición y el seguro candidato del sector para las próximas elecciones presidenciales, sobre lo que hay acuerdo entre los cuatro mayores partidos antichavistas.

En estos seis meses de inédito conflicto de poderes, ni el antichavismo ni el chavismo, cada uno de ellos con influyentes respaldos internacionales, lograron volcar la balanza a su favor.

Esa situación, que varios analistas definen como un caso de «empate hegemónico», según la teoría del fallecido sociólogo argentino Juan Carlos Portantiero, llevó a varios intentos externos de solución.

Uno de ellos fue la velada amenaza de una hipotética invasión militar, alentada por el discurso de Estados Unidos -«Todas las opciones están sobre la mesa»-, inicialmente suscripto por Guaidó y por algunos de sus aliados, principalmente Colombia, pero con el tiempo debilitada.

Otro fue la creación del Grupo Internacional de Contacto (GIC) impulsado por la Unión Europea e integrado por algunos países que reconocen el gobierno de Maduro y otros que lo desconocen.

El GIC sintetizó algunas iniciativas similares en procura de una solución consensuada y hasta buscó coordinar esfuerzos con otras instancias -en particular, con el Grupo de Lima, creado en 2017 y opuesto al chavismo-, pero hasta ahora no tuvo avances significativos.

En el ínterin, en cambio, fructificaron las discretas gestiones del gobierno de Noruega -reconocido especialista en esta clase de asuntos- para sentar a una misma mesa a representantes del chavismo y la oposición.

Esas gestiones, a las que el chavismo prefiere llamar «diálogo» y que para Noruega y el antichavismo son «negociaciones», están en plena marcha en Bridgetown, Barbados, e incluyen la búsqueda de consenso sobre las condiciones para llamar a elecciones presidenciales.

De esas conversaciones hubo dos rondas en Oslo, en mayo, y otras dos en Bridgetown, en las últimas dos semanas, y fuentes de las dos partes consideraban inminente el regreso de los delegados a la isla antillana, aunque hasta esta tarde ninguna de las dos lo había confirmado oficialmente.

En tanto, el Grupo de Lima celebrará mañana en Buenos Aires su decimoquinta reunión -la primera desde que el Alto Comisionado de la U para los Derechos Humanos publicara su lapidario informe sobre la situación en Venezuela-, con el objeto de aumentar la presión internacional sobre la administración chavista. (Télam)