A punto de cumplirse un mes del acuerdo con el Gobierno de Donald Trump que evitó la imposición de aranceles, el plan migratorio de México avanza con firmeza con un refuerzo de los controles fronterizos, un auge sustancial de las deportaciones y una mayor diplomacia para impulsar el desarrollo regional.

“Estamos ordenando el flujo migratorio y respetando los derechos humanos”, dijo este viernes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al arribar a Mapastepec (Chiapas), donde celebra un evento.

Agregó que el país está haciendo algo “que nunca se había llevado a cabo en México ni en el mundo, dando opciones de trabajo a migrantes con el propósito de que la migración sea opcional y no forzada”.

El mandatario había anunciado para este viernes la presentación de un informe sobre la situación migratoria en el país con altos funcionarios de Cancillería, del Instituto Nacional de Migración (Inami) y de la Secretaría del Bienestar, entre otros.

Pero en su conferencia diaria solo presentó el programa nacional contra las adicciones a los jóvenes.

De acuerdo con fuentes de Presidencia consultadas por Efe, la presentación del informe se pospuso al próximo lunes por problema de agenda del mandatario –que este viernes cumple una gira en Chiapas- y para contar con la presencia del canciller, Marcelo Ebrard, actualmente en Lima (Perú) en la cumbre de la Alianza del Pacífico.

Pese a este contratiempo informativo, la agenda política y social de México lleva semanas fuertemente marcada por la crisis migratoria que se vive en la región.

A raíz del éxodo de miles de personas desde octubre, el presidente Trump anunció a finales de mayo la imposición de aranceles a todos los productos mexicanos como castigo por no frenar la migración.

Pero el 7 de junio se llegó a un acuerdo “in extremis” para evitar los aranceles que se ha traducido en el despliegue de miles de efectivos -más de 20,000- de las fuerzas mexicanas y la nueva Guardia Nacional en la frontera sur y norte para controlar el fenómeno migratorio.

Este acuerdo alcanzando en Washington prevé el inicio de la evaluación de las medidas a los 45 días y su conclusión a los 90 días.

Hasta ahora, Trump ha descartado la imposición de aranceles por las acciones tomadas por México, aunque todavía es prematuro descartar futuros gravámenes, a dos meses del examen definitivo.

En tanto, el Gobierno de México ha aumentando sustancialmente los controles a lo largo de todo el país. Por ejemplo, del 17 de mayo a la fecha, se habían interceptado a más de 20.400 migrantes en la frontera entre Chiapas y Guatemala, informó la Guardia Nacional.

Según datos oficiales, el número de deportaciones creció casi un 33% desde mayo a junio, al pasar de 16,507 personas a 21,912 extranjeros. Y si se compara con el pasado año, cuando todavía estaba en el poder Enrique Peña Nieto, la cifra en el sexto mes del año prácticamente se triplicó.

Este mismo viernes, el Inami informó de la deportación de 110 hondureños en “condición de estancia irregular” desde Villahermosa, suroriental estado de Tabasco.

En declaraciones a medios, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció este viernes un aumento de los migrantes interceptados y de repatriaciones.

Descartó que haya una “crisis humanitaria” en el sur de México y aseguró que distintas áreas de gobierno, como trabajo, salud o bienestar, trabajan en beneficio de los migrantes y mejorando sus condiciones en albergues, e incluso algunos de ellos ya está empleados.

No obstante, admitió que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) está “saturada”.

“Celebro que el presidente (Trump) esté reconociendo que estamos haciendo un esfuerzo para cumplir el compromiso de ampliar nuestras leyes sin violar derechos humanos, y así disminuir el flujo migratorio”, dijo el martes López Obrador cuestionado sobre la relación con el vecino del norte.

Aunado a ello, el Gobierno de México inició el pasado 2 de julio el programa de retorno voluntario para personas migrantes en el norte del país con el regreso de 69 centroamericanos.

Pese a este cambio de discurso fruto de la coyuntura, el Gobierno mexicano no desiste en su empeño por atender el fenómeno migratorio desde las causas y el origen, para hacer que así sea opcional y no obligatoria.

A finales de junio, el presidente de México y su homólogo en El Salvador, Nayib Bukele, presentaron en Chiapas el Plan de Desarrollo Integral para el sur de México y Centroamérica.

Con este programa, el Gobierno mexicano inició un programa para destinará 100 millones de dólares a Centroamérica, empezando con 30 de ellos en El Salvador.

Esta semana, y tras recabar México el apoyo de las Naciones Unidas a finales de junio, la Unión Europea ratificó su apoyo a México para frenar la crisis migratoria, con un aporte inicial de 7 millones de euros (unos 7,8 millones de dólares) al Plan de Desarrollo Integral.