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El número de exguerrilleros colombianos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que recayeron en actividades ilegales ha aumentado hasta llegar a casi una tercera parte de los combatientes desmovilizados, afirma Reuters, basándose en un informe de inteligencia al que tuvo acceso la agencia de noticias.

Según este informe, redactado por la inteligencia militar colombiana, unas 2.300 personas operan en las selvas y montañas colombianas, y desde fines de 2018, la cifra aumentó en más de un 30%. Al parecer, se trata de disidentes pero también de nuevos miembros.

Con la firma del acuerdo en 2016, más de 6.000 combatientes dejaron las armas y sólo 300 de ellos habían decidido seguir en la clandestinidad. El gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos quiso así acabar con un conflicto de medio siglo que cobró más de 260.000 vidas, convirtiendo a las FARC en un partido político y concediendo amnistías para algunos delitos.

El reporte detalla que 31 grupos de disidencias de las FARC operan en regiones con cultivos de hoja de coca y yacimientos de oro, asegurando que los exguerrilleros se dejan seducir por los recursos del narcotráfico y la minería ilegal.

Entrevistado por Reuters, el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, explicó que “no todos los que conformaban las redes de apoyo al terrorismo se acogieron al proceso de paz; quiere decir que quedó una amenaza por ahí latente que de alguna manera es lo que ha permitido que este grupo armado residual vaya creciendo”.

Pero dirigentes del partido conformado por las FARC (la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) han afirmado que también se debe a las demoras en la implementación del acuerdo de paz, así como a los asesinatos de 139 excombatientes desde finales de 2016. Según Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis, muchos proyectos productivos acordados en el pacto se demoran en empezar, y estos asesinatos no se investigan.

Al estimarlo muy indulgente con las FARC, el actual mandatario Iván Duque ha intentado sin éxito cambiar el acuerdo en el Congreso. Por otra parte, se niega a establecer sin cese unilateral de las hostilidades una negociación de paz con la guerrilla del ELN, que cuenta con 2.400 combatientes, una cifra en aumento.