«Estamos hartos de los paros», dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ocupada en que los grupos de izquierda que se sumaron a la convocatoria sindical no cortasen los accesos a la capital. «Esto ya es como una especie de rutina. Le impiden a la gente que viaje. Es una situación en contra de la libertad y el trabajo», agregó. Bullrich fue la única voz oficial contra la protesta. Macri participó en un acto por el día el Ejército sin siquiera mencionarla. Y desde el ministerio de Hacienda sólo dijeron que la huelga costó a Argentina unos 900 millones de dólares. Las grandes ciudades, mientras tanto, estuvieron desiertas.

La singularidad de la huelga fue la unidad sindical, algo poco común en Argentina. «Es el paro más fuerte y de mayor contundencia en la era de Macri, gracias a que lo convocamos todas las centrales de trabajadores y lo apoyaron todas las organizaciones empresariales, pymes, más todos los movimientos sociales del país», dijo Hugo Yaski, secretario general de la CTA, una central de perfil combativo que no pertenece a la CGT, la gran confederación de gremios peronistas.

El regreso de Hugo Moyano, líder del poderoso sindicato de los camioneros, fortaleció aún más el golpe. Moyano es un dirigente a tener en cuenta. Apoyó al kirchnerismo, luego hizo campaña por Macri y ahora volvió al kirchnerismo. Su poder de movilización es enorme: no hubo reparto de alimentos, faltó combustible y dinero en los cajeros automáticos y no hubo recolección de basura.

Con la huelga, el sindicalismo argentino ingresó por la puerta grande en la campaña electoral. Macri había logrado mantener a raya a la CGT con acuerdos salariales acordes con la inflación, pero el deterioro de la situación económica en 2018 le quitó poder en las negociaciones. La presión de los gremios más duros, sobre todo los alineados con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, terminó por inclinar la balanza a favor de la protesta. El sindical no es, sin embargo, el único frente con que debe lidiar Macri.

Cambiemos, la alianza oficialista, cruje. La Unión Cívica Radical (UCR), el partido de los expresidentes Raúl Alfonsín (1983-1989) y Fernando de la Rúa (1999-2001), exigió a Macri que someta su candidatura a las elecciones primarias que se celebrarán en agosto. Sus líderes consideraron que la caída de popularidad del presidente es un lastre que pone en riesgo su reelección. En un documento firmado durante una convención del partido, celebrada el lunes, advirtieron también que intentarán abrir Cambiemos a otras fuerzas políticas. La presa a capturar es el peronismo federal, «no kirchnerista». Sus líderes, entre los que se cuentan gobernadores con peso en el interior del país, están hoy enfrascados en una discusión sobre el mejor nombre para enfrentar a Alberto Fernández, el hombre al que Cristina Fernández Kirchner acompañará como candidata a vicepresidenta.

Los sondeos dan a la fórmula Fernández -Fernández un cómodo triunfo en la primera vuelta, prevista para el 27 de octubre, pero insuficiente para ganar sin necesidad de un balotaje en noviembre. En la segunda vuelta, las cuentas son más ajustadas, con una leve ventaja para Macri. El apoyo del peronismo no kirchnerista será la clave de un triunfo oficialista en segunda vuelta. No es descabellado pensar que Macri logre ese apoyo. El líder del peronismo federal, el recién reelecto gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, se considera amigo personal del presidente, mientras que su par salteño Juan Urtubey mantuvo inmejorables relaciones con la Casa Rosada. La pieza suelta se llama Sergio Massa, un exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner que no decidió aún si juega a la interna del peronismo federal o negocia algún tipo de alianza con su exjefa política.

A la expectativa

Mauricio Macri, entre tanto, espera. Mientras sus portavoces advierten que la candidatura a la reelección no está en discusión, el presidente confía en un repunte económico que le regale un poco de oxígeno. Las cifras le han dado, al menos, un respiro. El peso lleva un mes estable en su relación con el dólar, después de perder casi la mitad de su valor durante 2018.

Cuando el peso no se derrumba, la inflación, el gran mal de los argentinos, al menos se ralentiza. El IPC subió un 4,7% en marzo y un 3,4% en abril, una curva descendente que, de persistir, permitirá a Argentina cerrar 2019 con una inflación que rondará el 40%. Será clave que los números acompañen a Macri: la popularidad del presidente cae cuando sube la inflación, y viceversa. Con poco que ofrecer en materia económica, la otra pata de la campaña oficialista ha sido hasta ahora más tradicional, con cortes de cinta en grandes obras de infraestructura y ataques directos al kirchnerismo, el gran enemigo a vencer en octubre.