La Corte de Constitucionalidad de Guatemala rechazó el 13 de mayo la candidatura presidencial de Zury Ríos con base en el artículo 186 de la Carta Magna de Guatemala, donde se prohíbe que «los familiares hasta de cuarto grado de consanguinidad de caudillos o de quienes hayan gobernado el país mediante golpes de Estado o asonadas militares aspiren a gobernar la nación».

«Lo cierto es que deben respetarse las resoluciones de la Corte porque si no generaríamos incertidumbre al no respetar lo que la Ley establece. Aunque me parece un estipulado constitucional bastante injusto y poco claro, al no externar si es vitalicio, debe acatarse», señaló a France 24 Anibal Samayoa, candidato a diputado del partido Humanista, en los comicios del 16 de junio.

La hija de Ríos Montt logró participar en las elecciones de 2015 obteniendo 5,89 % de los votos debido a un amparo del Supremo y a la falta de posicionamiento de la misma Corte, un hecho que recordó nuevamente para defender su inscripción en este proceso.

Para Pablo Andrés Figueroa Girón, analista político guatemalteco, «la resolución contra una de las candidatas con mayor porcentaje para ganar la Presidencia es incoherente, pues hace 4 años pudo participar. Se debe tener el derecho de elegir y ser electo sin obstaculizaciones por hechos que su padre cometió».

Ríos Sosa, del partido Valor, dijo que va a «agotar todas las instancias» y añadió en inglés en su cuenta de Twitter, que «los pecados del padre no son los pecados de los hijos».

Su padre gobernó de facto Guatemala entre marzo de 1982 y agosto de 1983, etapa en la que se cometieron los mayores crímenes de lesa humanidad del largo conflicto armado guatemalteco, que comenzó en la década de 1960 y finalizó en 1996.

Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión el 10 de mayo de 2013 por el asesinato de 1.771 indígenas durante su régimen, pero 10 días después el Constitucional ordenó un nuevo juicio, durante el cual falleció en abril de 2018.

Con EFE