Paliza explicó que el 4 y 5 de mayo el partido opositor irá «casa por casa» para denunciar el tema de la reelección y el peligro que, a su juicio, corre la democracia local.

En tanto, una comisión del PRM visitará próximamente organismos internacionales, especialmente la Organización de Estados Americanos (OEA) «para denunciar el transito peligroso que ha tomado la demoraría dominicana», explicó.

Mientras que él y la secretaria general del partido, Carolina Mejía, visitarán al arzobispo de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, para expresar su apoyo por unas recientes declaraciones en las que señaló que en el país «se ve claro que no hay una independencia en los poderes del Estado», lo que puede conducir a una dictadura.

La Iglesia católica en la República Dominicana ha entrado en el debate sobre una eventual reforma constitucional, y en la lectura del «Sermón de las Siete Palabras» el pasado Viernes Santo, los sacerdotes lanzaron duras críticas a los que, a su juicio, pretenden perpetuarse en el poder, aunque para lograrlo «haya que pisotear una vez más» la Constitución.

Paliza anunció que el tema también será tratado con el cuerpo diplomático acreditado en el país y con las organizaciones de la sociedad civil.

Aunque la Constitución del país prohíbe expresamente a Medina buscar un tercer mandato, funcionarios promueven su reelección, mientras que el mandatario dijo en agosto del año pasado que en marzo de este año iba a fijar posición sobre una eventual reelección de cara a las elecciones de mayo de 2020, algo que no ha hecho.

El gobernante llegó al poder en 2012 y resultó reelegido cuatro años más tarde tras una modificación constitucional en 2015.

Por otro lado, en la reunión de este miércoles, Paliza se refirió a la supuesta intervención telefónica a dirigentes de ese partido por parte de la Procuraduría General en el marco de las pesquisas por el caso de los sobornos de Odebrecht en el país a pesar de que éstos no figuraban como investigados en este asunto.

El senador dominicano señaló que la acción de la Procuraduría demuestra «que la democracia dominicana está enferma».

La Procuraduría General aseguró ayer que todas las interceptaciones telefónicas que realiza «están sujetas al estricto apego a la ley» autorizadas por los jueces competentes y recordó que representan un valioso medio de prueba habitual en su misión de persecución del delito.

Asimismo, manifestó en un comunicado que durante la investigación del caso Odebrecht se realizaron decenas de solicitudes de órdenes judiciales de interceptación de números telefónicos de diversas personas vinculadas a los imputados, y que en este proceso fueron investigadas decenas de personas.