Venezuela respondió rechazando la convocatoria de la sesión especial por haberse realizado contra su voluntad y la consideró un “acto hostil e inamistoso”.

Es el primer pronunciamiento de la OEA desde que militares impidieron el ingreso de toneladas de ayuda humanitaria que la oposición venezolana aspiraba ingresar desde Colombia, Brasil y Curacao. Sin embargo, el texto de la resolución no menciona explícitamente los eventos ocurridos el 23 de febrero.

La resolución cita al Comité Jurídico Interamericano -órgano adscrito a la OEA- al aseverar que la recepción de ayuda humanitaria “no viola el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados y, por lo tanto, cualquiera fuere el Estado de su procedencia, debe ser aceptada y distribuida de forma equitativa entre la población venezolana”.

El presidente Nicolás Maduro ha rehusado durante varios años a recibir ayuda humanitaria alegando que es un intento de otros países para derrocarlo.

La medida adoptada el miércoles también reitera el llamado que la OEA hiciera en junio de 2018 a Maduro para permitir el ingreso de ayuda humanitaria.

La resolución se adoptó después de que el pleno rechazara una enmienda propuesta por Uruguay que entre otros cambios buscaba incluir una resolución de la Organización de Naciones Unidas según la cual la ayuda humanitaria debe ser imparcial y contar siempre con la aprobación del país receptor.

La propuesta uruguaya fue rechazada por 20 de los 34 Estados miembros.

La OEA desconoció en enero la legitimidad del segundo sexenio consecutivo de Maduro alegando que su reelección en mayo de 2018 fue fraudulenta. La mayoría de los países que integran la organización y el secretario general Luis Almagro reconocen de manera individual al líder opositor Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, pero la OEA no lo ha hecho de manera institucional.

La ONU estima que al menos tres millones de venezolanos han abandonado su país debido a una galopante hiperinflación y una aguda escasez de alimentos y medicinas.