México rechaza extender el pacto para que ciertos solicitantes de asilo en EEUU esperen en México
El DHS avisó al Congreso que extenderá el programa implementado en diciembre en la garita de San Ysidro. A finales de enero, un memorando del servicio de inmigración había advertido que la secretaria del DHS, Kirstjen M. Nielsen, comenzará el proceso de implementación del protocolo “a gran escala” en la frontera.
En enero el programa fue ampliado a la garita de Eagle Pass, Texas, ubicado en el oeste de San Antonio.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador rechazó los planes del gobierno de EEUU de extender a una segunda garita (puerto de entrada) un programa que obliga a ciertos solicitantes de asilo en estados Unidos esperar en México hasta que las cortes de inmigración resuelvan sus casos.
La extensión del cuestionado programa fue comunicado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al Congreso el lunes. El protocolo, parte de la política de tolerancia cero de Donald Trump, fue implementado el pasado 20 de diciembre en la garita de San Ysidro, uno de los pasos entre San Diego y Tijuana.
“El Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos (Department of Homeland Security) informó al Congreso de ese país su decisión de extender la implementación de la sección 235(b)(2)(c) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) a la garita fronteriza que comunica las ciudades de Mexicali y Calexico”, dijo la cancillería mexicana en un comunicado.
“El Gobierno de México reitera que no coincide con la medida unilateral implementada por las autoridades de Estados Unidos, al tiempo que refrenda su determinación respecto de la protección a los migrantes y la promoción del desarrollo económico y social que mitigue las causas estructurales de los flujos migratorios”, añade.
De qué se trata
La sección activada por el gobierno de Trump cambia los protocolos de protección al migrante y permite que “ciertos extranjeros que llegan por tierra desde un territorio contiguo, es decir México o Canadá, ya sea o no por un puerto de entrada designado, generalmente puede ser devuelto, a discreción de la ley de cumplimiento, al territorio desde el cual están llegando en espera de un procedimiento de remoción bajo la Sección 240 de la INA”, señala un memorando de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) fechado el 28 de enero.
El documento advierte que la secretaria del DHS, Kirstjen M. Nielsen, comenzará el proceso de implementación del programa “a gran escala”, permitiendo “la devolución de determinados extranjeros a un territorio contiguo en espera del cumplimiento de los procedimientos de deportación” a cargo de un juez de inmigración.
El protocolo activado en diciembre advierte que un nacional de un tercer país “no debe ser devuelto involuntariamente a México (…) si lo más probable es que el extranjero sea perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política.
Los extranjeros que hayan participado en actividades delictivas no serán admitidos en Estados Unidos, advierte el DHS.
El asilo en la frontera se clasifica como “defensivo”. El inmigrante que pasa una entrevista de miedo creíble enfrenta un proceso de deportación donde tiene la oportunidad de presentarse anue una corte de inmigración para pedir la protección que busca de parte del gobierno de Estados Unidos.
Implementación inmediata
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) de México dijo que “como en el caso de Tijuana (donde el programa fue implementado el 20 de diciembre bajo la protesta del gobierno de López Obrador), la medida estadounidense conducirá a que, a partir de esta semana, sean devueltos a Mexicali solicitantes de asilo no mexicanos que ingresaron desde México a Estados Unidos, a fin de que aguarden en nuestro país el desarrollo de su trámite ante una corte migratoria estadounidense”.
“Por razones humanitarias, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores han mantenido contacto con las autoridades de migración estadounidenses para recibir información sobre las personas retornadas a México. Un número significativo de ellas cuenta con algún tipo de documento migratorio mexicano que les permite permanecer en nuestro país”, añade.
Para el Gobierno de México, añade la cancillería, “el contacto entre las autoridades migratorias de ambos países tiene por finalidad principal proteger los derechos humanos de los migrantes afectados. Ese intercambio de información no significa en modo alguno que el Gobierno de México esté de acuerdo con las decisiones y acciones tomadas unilateralmente por el Gobierno” de Donald Trump, precisa.
El gobierno mexicano dijo además que “la Secretaría (ministerio) de Gobernación informará al gobierno de Baja California sobre la decisión del Gobierno de Estados Unidos” y que “en breve establecerá contacto con las autoridades municipales de Mexicali, a fin de adoptar medidas que permitan a las personas retornadas a territorio mexicano una estancia segura, en tanto conocen la decisión final sobre su solicitud de asilo”.
En diciembre, cuando el programa fue implementado por el gobierno de Trump, México dijo que “reafirmaba su derecho soberano de admitir o rechazar el ingreso de extranjeros a su territorio en ejercicio de su política migratoria, y que sólo autorizará, por razones humanitarias y de manera temporal, el ingreso de ciertas personas extranjeras provenientes de Estados Unidos que hayan ingresado a ese país por un puerto de entrada o que hayan sido aprehendidas entre puertos de entrada, hayan sido entrevistadas por las autoridades de control migratorio de ese país, y hayan recibido un citatorio para presentarse ante un juez migratorio”.
