Si le damos una ojeada a lo que han sido estas dos décadas de “chavismo”, en el cual tenemos forzosamente que incluir el gobierno de Maduro, por más que los denominados “chavistas puros u originarios” se esfuercen por sacarlo, tratando de hacer una separación similar a la de la nata de la leche, una característica que llama la atención es la de la duplicidad institucional o paralelismo del estado. Un tema al cual ya hemos dedicado algún artículo, como aquel, por ejemplo, del año 2008  titulado “El Estado Paralelo”.

Pero en esta ocasión no es poner de manifiesto la motivación, ni la finalidad, escondidas detrás de las decisiones que dieron lugar a ese desdoblamiento del Estado en todos estos años, como tampoco su arbitrariedad e ilegalidad manifiestas, lo que nos anima a volver, una vez más, sobre el asunto.

Después del anuncio de la muerte de Chávez el 5 de marzo del 2013, fueron muchas la opiniones y conjeturas que se dieron con relación al futuro del “chavismo” como movimiento político, tanto en el   ámbito  nacional como en el internacional. La mayor `parte de las mismas hacían depender sus conclusiones, bien alargando  o bien  recortando la vida del “chavismo”, del éxito, primero, de las elecciones presidenciales que se realizarían el 14 de Abril próximo y, derivado de lo anterior, en segundo lugar, del acierto con el cual Maduro condujese el nuevo gobierno. De modo que el futuro del “chavismo”, su legado político, dependía básicamente del desempeño de Maduro, como nuevo líder del movimiento, mas aún, cuando se proclamaba “hijo de Chávez”.

Para algunos otros, los menos, fallecido Chávez, lo mejor que le podía ocurrir al “chavismo” era su consolidación internacional, para lo cual se hacia necesario una coagulación de todas las interpretaciones y tendencias que habían surgido hasta el momento. En pocas palabras, que desaparecido Chávez, nadie debería intentar ocupar su lugar, correspondiendo consolidar su pensamiento y acción en una doctrina que trascendiera lo nacional, como lo había hecho el propio Chávez. Solo de esta manera, aseguraban, se podría preservar sus ideas y garantizar su existencia política futura, a largo plazo. Aunque las elecciones eran un asunto de inmediata atención, decían, una cosa era buscar ganarlas con la memoria de Chávez como estandarte y otra muy distinta, intentar gobernar con las ideas del comandante supremo, sin serlo. De hecho, esto último podía convertirse en un serio problema.

Debemos recordar que fue desde el mismo nacimiento de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, que las instituciones políticas, sociales y económicas empezaron a sufrir una especie de clonación, consecuencia seguramente, del impulso instintivo que tenia el propio Chávez de incumplir e irrespetar la ley y el orden, no importa si había sido el mismo quien los había establecido inicialmente.  Ya en aquel entonces, la constituyente se encargó de legislar no obstante existir un Congreso de la República que contaba con nuevos miembros recién electos en diciembre de 1998. Finalizada la labor de  la constituyente dando a luz a la Constitución de 1999, se instaló el denominado Congresillo, creado sin base legal alguna por aquella, que continuo legislando como si nada, a pesar de que la nueva constitución acababa de ser promulgada y exigía un poder legislativo electo por sufragio.

Posteriormente, vendría el uso de PDVSA como caja chica del gobierno primero, luego como tesorería y después como principal proveedor de divisas, sin pasar por el Banco Central;la convirtiéndola  en un ente de provisión de fondos y apalancamiento de operaciones clandestinas nacionales e internacionales, paralelo,  al Ministerio de Finanzas y al propio Banco Central.  Con sentido similar  fueron  creadas estructuras paralelas tales como el Gobierno del Distrito Capital,  la Autoridad Única del Área de Valencia, o el curioso “protectorado del Estado Miranda”, no contempladas en la legislación venezolana, así como las Corporaciones Regionales, con ingentes recursos económicos, y competencias que solapan o chocan con las de los alcaldes o gobernadores de la oposición, electos por el pueblo, en los territoriales abarcadas por dichas entidades.

Por su parte, los Consejos Comunales aparecieron regulados ya en el 2002, mientras que  las juntas comunales, Concejos Comunales y demás, surgen en los años siguientes, a pesar de que tanto la Constitución Bolivariana, como la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, no las contemplan en sus respectivos textos, pues establecen la figura de las Juntas Parroquiales y Concejos Municipales. Y asi pudiéramos continuar.

Con Maduro, se abusó el uso de estos paralelismos, llegándose al punto de elegir, espuriamente, una Asamblea Nacional Constituyente sin seguir los pasos establecidos en la Constitución, con el solo propósito de  tener un cuerpo legislativo ordinario, cuando esa no es su actividad primaria, que anulase la función del parlamento existente, en manos de la oposición.

Pero quien le hubiera dicho a Maduro o al mismísimo Chavez, si estuviese vivo, que una  estructura  legítima como la actual Asamblea Nacional, convertida en paralela, al igual que el TSJ o  la fiscalía, gracias a la torpeza de Maduro, se constituiría en la punta de lanza de la oposición en su lucha política contra el chavismo y que, de ahí, iba a salir un presidente que convertiría la suya, la de Maduro, en una presidencia paralela.

Vistos los últimos acontecimientos donde incluso, han sido derribadas algunas estatuas de Chávez, pareciera haber algo de razón en quienes prevenían sobre el peligro que suponía una presidencia de Maduro para la supervivencia del “chavismo” y  la memoria de Chávez.

José Luis Méndez La Fuente.  Abogado Constitucionalista y Analista Político / e-mail: xlmlf1@gmail.com