El Centro Nacional de Leyes Migratorias, el Southern Poverty Law Center y el despacho de abogados Sherrard, Roe, Voigt & Harrison presentaron la querella el jueves en la corte federal de distrito en Knoxville.

En la demanda colectiva se asegura que los derechos constitucionales de los trabajadores de la empresa Southeastern Provision fueron violados en abril cuando agentes armados allanaron la planta en Bean Station usando epítetos raciales, apuntándoles con armas a los empleados en la cara y golpeando a uno de ellos en el rostro.

Al principio los trabajadores pensaron que se trataba de un ataque terrorista o que había un hombre armado en las instalaciones, ya que dos helicópteros sobrevolaban la zona, los agentes cerraron los caminos y algunos de ellos se ubicaban detrás de grandes ametralladoras, se afirma en la demanda.

En la querella también se señala que los agentes desconocían la identidad y el estatus migratorio de los trabajadores, y solo sabían que la mayoría eran hispanos. También sostiene que tan solo 11 de los cerca de 100 arrestados fueron acusados de delitos, y éstos no eran de naturaleza violenta.

En tanto, los empleados blancos de la planta no fueron acosados, detenidos, inspeccionados ni arrestados, y muchos de ellos salieron a fumar durante el operativo, asegura la denuncia.

Martha Pulido, una de las demandantes, dijo que fue esposada y le apuntaron con un arma, fue llevada a una armería cercana, le confiscaron sus objetos personales, tomaron sus huellas dactilares y permaneció detenida cerca de 14 horas.

“¿Por qué tantas armas y tal exceso de violencia?” preguntó Pulido. “Lo único que hacíamos era trabajar para mantener a nuestras familias”.

Bryan Cox, portavoz del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus iniciales en inglés), dijo que el operativo fue una investigación penal federal que también propició arrestos migratorios. Rechazó comentar específicamente sobre la demanda, pero resaltó que “la ausencia de comentarios de ninguna manera debe interpretarse como que el ICE cree que una demanda tiene algún mérito”.

Cox dijo que las investigaciones de la agencia se “enfocan de la misma manera tanto en los extranjeros que buscan empleo ilegal como en los empleadores que los contratan”.

James Brantley, el propietario de la planta, se declaró culpable en septiembre a los cargos federales de emplear a migrantes no autorizados, evasión fiscal y fraude electrónico.