Al respecto, la Cancillería de Costa Rica afirmó: “Esta decisión, que representa en la práctica una expulsión de estas misiones regionales, resulta arbitraria, toda vez que Nicaragua había autorizado su anuencia a su funcionamiento hasta el 3 de enero del 2019″.

La Casa Amarilla insistió en que, “ante el deterioro constante de los derechos humanos y la institucionalidad en Nicaragua, se requiere la presencia de mecanismos que puedan asegurar su plena vigencia”.

El Meseni seguirá en funcionamiento desde Washington, decisión que fue respaldada por el gobierno de Costa Rica.

“Costa Rica hace un nuevo llamado para el cese inmediato de la represión gubernamental y exhorta al Gobierno de Nicaragua a dar muestras fehacientes de respeto a los acuerdos alcanzados con los mecanismos antes mencionados, así como su obligación de garantizar los derechos humanos de todas las personas en ese país”.

El Meseni y el GIEI se instalaron en Nicaragua el 24 de junio y el 3 de julio, respectivamente, tras acuerdos alcanzados con la Organización de Estados Americanos (OEA), y han documentado denuncias sobre violaciones a derechos humanos.

La orden de su salida se dictó un día antes de que la GIEI presentara un informe sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua en las primeras semanas de las protestas contra el gobierno de Ortega.

El miércoles, los expertos fueron citados en la Cancillería de Nicaragua y acusados de divulgar información falsa, además de “falta de imparcialidad y objetividad” y de mostrar “una actitud injerencista, intervencionista, haciéndose eco de las políticas del Gobierno de Estados Unidos en contra de Nicaragua”.

Por otra parte, Costa Rica se solidarizó con los estudiantes, periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos y organizaciones que “siguen sufriendo el acoso, la represión y la persecución por parte del Gobierno de Nicaragua”.