El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador aceptó la decisión de la administración del presidente Donald Trumpde enviar a México a los extranjeros que tienen procesos migratorios abiertos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana emitió un comunicado sobre la determinación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pero descartó recibir a todos los inmigrantes, afirmando que acepta acoger a algunos por decisiones humanitarias, principalmente a los menores de edad, acompañados o no.

“México reafirma su derecho soberano de admitir o rechazar el ingreso de extranjeros a su territorio, en ejercicio de su política migratoria”, indica el mensaje de la cancillería a cargo de Marcelo Ebrard.

“Autorizará, por razones humanitarias y de manera temporal, el ingreso de ciertas personas extranjeras provenientes de Estados Unidos que hayan ingresado a ese país por un puerto de entrada o que hayan sido aprehendidas entre puertos de entrada, hayan sido entrevistadas por las autoridades de control migratorio de ese país, y hayan recibido un citatorio para presentarse ante un Juez Migratorio”, expone la autoridad mexicana.

La autoridad mexicana justifica su decisión en apego a acuerdos internacionales, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

México es de los impulsores del nuevo Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular firmado por 152 naciones de la ONU, pero rechazado por EEUU.

La medida fue anunciada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, con base en la Sección 235 (b) (2) (C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, en inglés).

La Administración mexicana indica que “permitirá que las personas extranjeras que hayan recibido un citatorio soliciten su internación a territorio nacional por razones humanitarias en los lugares destinados al tránsito internacional de personas, permanezcan… bajo la condición de ‘estancia por razones humanitarias’, y puedan realizar entradas y salidas múltiples del territorio nacional“.

También apunta que los extranjeros estarán protegidos por los derechos y libertades reconocidos en la Constitución mexicana, así como los tratados internacionales signados por México.

Agregó que ayudará a los inmigrantes para que acudan a sus citas con el juez migratorio en los EEUU, en coordinación con las autoridades estadounidenses, para asegurar “el acceso sin interferencias a información y servicios legales, así como para prevenir fraudes y abusos”.

México aclara que su decisión no constituye “un esquema de Tercer País Seguro”, que obligaría a los inmigrantes a solicitar asilo en el país, como ha sido la intención del presidente Trump.

México y EEUU han logrado avances en temas migratorios, incluyendo acuerdos para implementar el Plan de la Alianza para la Prosperidad que López Obrador prometió desde campaña, para impulsar el desarrollo en el sur mexicano y Centroamérica.