Los vecinos del sector Valle Alto en Petare, el barrio popular más extenso de Caracas, se despertaron hace dos sábados alrededor de las tres de la madrugada. Un alboroto invadió repentinamente sus calles empinadas. Acababan de llegar los jamones que antes de cada Navidad el Gobierno de Nicolás Maduro promete a millones de familias para asegurarse su voto.

Muchos salieron de sus viviendas, pero la euforia se convirtió en decepción y en cuestión de segundos la situación se precipitó. De la indignación se pasó a la rabia. Después, llegaron los altercados.

Los responsables de los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP), encargados de distribuir las bolsas de comida, solo recibieron 1.160 perniles de los 6.150 anunciados. El episodio, narrado por uno de los presentes, supuso la enésima humillación para una comunidad de escasos recursos, paralizada por la crisis económica y postrada por la hiperinflación. Romina Oporte, educadora y enlace local del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), tomó finalmente la decisión de cortar los jamones en pedazos de un kilo y medio y repartirlos entre todos los vecinos.

Esa misma formación celebró cerca de allí, el 6 de diciembre, el 20º aniversario de la primera victoria de Hugo Chávez. En el cierre de la campaña electoral de las municipales del domingo, Gladys Arboleda, de 50 años y varias veces candidata, explica que entró en política precisamente por el expresidente. «Desde entonces somos todos representantes, no representados. Nos trató a todos por igual», asegura. El objetivo que proclamó la revolución bolivariana fue, precisamente, el de reducir la desigualdad. Sin embargo, después de dos décadas de gestión chavista, en las que se multiplicaron las ayudas con misiones sanitarias, educativas y de vivienda, la vida de millones de venezolanos se ha convertido en una lucha diaria contra la miseria. Según la última encuesta sobre condiciones de vida en Venezuela (Encovi), un estudio coordinado por la Universidad Católica Andrés Bello y otros centros, el 87% de la población vivía el año pasado —el último para el que hay datos— por debajo del umbral de la pobreza. En el 61% de los casos, la carestía es extrema.

Una crisis económica sin precedentes, una hiperinflación desbocada y la dolarización condenan a los ciudadanos a pelear con unos precios enloquecidos y a depender de las ayudas estatales.  La reconversión monetaria y el aumento, incluso exponencial, del salario mínimo, que ahora se sitúa en 4.500 bolívares soberanos –unos 8,2 dólares– y representa el ingreso de cerca del 70% de los trabajadores con empleo formal, solo contribuyeron a generar un círculo vicioso que dispara el valor de los productos básicos.  En el mercado del municipio de Chacao, un kilo de queso manchego producido en Venezuela costaba el pasado viernes 6.370 bolívares.

«La hiperinflación se sigue acelerando. También la contracción económica: las dos cosas se están profundizando. El Gobierno, para tratar de controlar la hiperinflación, aumentó el salario no sé cuántas veces, lo que hizo que varias empresas tuvieran problemas de flujo de caja y no estén consiguiendo financiación», dice Henkel García, analista financiero y director de la consultora Econométrica. «El símil que pongo es que está una persona tirada en el piso y tú tratas de revivirla ahorcándola. El aumento de salario es inflacionario, porque al final tienes que ajustar los precios. Pero para que eso sea posible tienes que aumentar la masa monetaria, que no está creciendo», señala.

El pasado mes de noviembre los precios aumentaron un 144,2%, según el cálculo que hace la Asamblea Nacional —de mayoría opositora—, una institución que sigue trabajando aunque está despojada formalmente de sus funciones desde 2017. «Van a venir más sanciones. Habrá más presión y eso va a complicar las cosas internamente. Eso puede desencadenar una crisis más profunda. Nosotros queremos que haya una transición, pero también es posible un escenario de anarquía», considera el economista y diputado opositor Ángel Alvarado, en referencia al próximo 10 de enero, fecha en la que Nicolás Maduro renovará su mandato hasta 2025. «El 10 de enero no es una fecha mágica, es una fecha a partir de la cual Maduro pretende seguir usurpando el poder. Evidentemente, esa usurpación tiene un beneficio para él, pero un coste demasiado alto para la sociedad. Eso perpetúa la inflación, el desastre económico».

En esa catástrofe desempeña un papel central el uso del dólar, que parece ya irreversible. «Cuando estás en hiperinflación tienes que anclarte nominalmente a algo, ¿Cómo fijas el precio?», continúa García. «¿Cómo se anclan la gente y las empresas para sobrevivir?» Recurrriendo, explica, a fijarlo «todo en dólares». «Estamos en un proceso de dolarización de facto. Y como la masa de dólares es limitada, entonces este proceso viene acompañado de un empequeñecimiento abrupto de la economía». Desde las ventanas de su oficina, en la urbanización Las Mercedes, pueden verse solares en construcción, incluso algunos proyectos de lujo como la llamada Torre Luxor.

A unos kilómetros de allí, el pasado jueves por la tarde una treintena de personas asistía a un concierto en un local de la urbanización La Castellana. Entre catas de ron y cafés, algunos aprovecharon para adelantar algunas compras de Navidad. Las tabletas de turrón de Alicante superaban el valor de dos salarios mínimos. «Hoy por hoy que con el dólar compras más o menos lo que en otros países, la gente está horrorizada. No entiende que lo anormal era lo anterior y que lo normal es esto», agrega este analista. «Pero una cosa es el poder de compra del dólar en el interior y otra tus ingresos en dólares. Es más, puede llegar un nivel de productividad tan paupérrimo que las cosas sean más caras aquí que fuera».

Mientras tanto, Venezuela agoniza. «En 20 años pasó de ser el país más rico de la región al más pobre y no solo el más pobre, sino también con una emergencia sanitaria compleja, una hambruna, una crisis que está afectando toda la región», denuncia Alvarado. «Hay un colapso muy, muy grande, una economía que no da para más, que no tiene que ver con las sanciones». A pesar de todo, el gobernante PSUV se hizo el domingo con el control de los municipios en unos comicios marcados por una abstención de más del 70%.