Un extesorero nacional de Venezuela se declaró culpable ante una corte de Estados Unidos por un cargo de conspiración para lavar dinero en un plan que involucró a un magnate venezolano de la televisión y cerca de 1.000 millones de dólares, informó el martes el Departamento de Justicia estadounidense.

Alejandro Andrade, de 54 años, se declaró culpable ante una corte del Distrito Sur de Florida por el cargo de conspiración para lavado de dinero, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.

El venezolano, radicado en Wellington, y quien fue jefe de la Tesorería Nacional de 2007 al 2011 durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, se declaró culpable ante la corte en diciembre de 2017, en un caso que estaba bajo reserva y salió a la luz el martes, agregó.

El martes también se levantó la reserva judicial a la declaración de culpabilidad que hizo en marzo pasado el también venezolano Gabriel Arturo Jiménez, de 50 años.

Jiménez, quien estaba radicado en Chicago, aceptó el cargo de conspiración para lavar dinero en el mismo plan, agregó el comunicado.

El Departamento de Justicia dijo que Raúl Gorrín, propietario del canal de televisión venezolano Globovisión y de la aseguradora Seguros La Vitalicia, fue acusado en agosto de 2017 en la corte del Distrito Sur de Florida por violar las leyes anticorrupción de Estados Unidos, conspiración y blanqueo de capitales, en el mismo esquema de Andrade y Jiménez.

Gorrín, de 50 años y cuyo paradero no quedó claro de inmediato, fue declarado fugitivo en septiembre y los cargos fueron revelados el lunes pasado.

Los casos son parte del esfuerzo de fiscales federales para tomar medidas contra el uso del sistema financiero de Estados Unidos para lavar y almacenar fondos producto de la corrupción en Venezuela, un país afectado por la hiperinflación y recesión.

El presidente Nicolás Maduro ha dicho poco sobre los procedimientos penales contra exfuncionarios venezolanos, pero sostiene que Estados Unidos trata de socavar a su gobierno por medio de sanciones.

Venezuela implantó en 2003 un estricto control cambiario bajo el mandato de Chávez. Pero en medio de la regulación, el gobierno también permitió a privados tener acceso a divisas mediante operaciones con bonos emitidos por la República en moneda extranjera que se ofrecían en subastas y adjudicaciones directas y estrictamente controladas por las autoridades.

Analistas y opositores han argumentado durante mucho tiempo que esas subastas permitieron a miembros de la élite empresarial con conexiones con el gobierno socialista obtener dólares a una pequeña fracción de la tasa vigente en el mercado paralelo.

La acusación afirma que Gorrín pagó 150 millones de dólares en sobornos a dos funcionarios venezolanos de alto nivel, incluido Andrade, para garantizar su acceso a las subastas.

En los documentos judiciales no se identifica al otro funcionario venezolano que recibió sobornos de Gorrín. Pero señalan que además de transferir dinero para los funcionarios, Gorrín supuestamente compró y pagó gastos relacionados con jets privados, yates, casas, caballos, relojes Rolex de oro y una línea de moda.

Para ocultar los pagos de sobornos, Gorrín realizó pagos a través de múltiples compañías ficticias y presuntamente se asoció con Jiménez para adquirir Banco Peravia, un banco en la República Dominicana, «para lavar los sobornos pagados a los funcionarios venezolanos y las ganancias del plan», dijo el Departamento de Justicia.

Andrade, un capitán del Ejército y exescolta de Chávez, aceptó la confiscación de todos los activos involucrados en el esquema de corrupción como bienes raíces, 15 vehículos, incluidos tres carros de golf, 17 caballos, 35 costosos relojes, y nueve cuentas bancarias en Estados Unidos y Suiza, según un listado del Departamento de Justicia.

La sentencia de Andrade está fijada para el 27 de noviembre y la de Jiménez para el 29 de este mes.