En vísperas del “Día de Acción de Gracias”, activistas pro-inmigrantes y expertos militares aumentaron este lunes las presiones para que la Administración Trump deje de desperdiciar recursos federales y devuelva a casa a los miles de soldados desplazados en la frontera sur.

La Administración Trump hoy mismo continuó defendiendo la militarización de la frontera sur, donde ha desplegado desde finales de octubre a unos 5,200 miembros en activo del Ejército para desalentar el ingreso de sendas caravanas de inmigrantes centroamericanos.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el número total de inmigrantes del “Triángulo del Norte” en la frontera sur podría oscilar entre 8,500 y 10,500, y la presencia militar es clave para resguardar las seguridad fronteriza.

El diario “Politico” afirmó que el Pentágono comenzará a replegar a las tropas en la frontera tan pronto como esta semana. El teniente general del Ejército, Jeffrey Buchanan, a cargo de la misión desde San Antonio (Texas), dijo que el repliegue quedará completado para diciembre próximo, pero el Pentágono no ha emitido una declaración oficial al respecto. 

Militares jubilados y activistas de la comunidad inmigrante han tachado el despliegue militar como un derroche de fondos públicos con fines políticos-electorales que encima añaden a las presiones y limitados recursos que afrontan las Fuerzas Armadas.

Durante una conferencia telefónica con periodistas, organizada por “America´s Voice”, activistas y expertos militares señalaron que la Administración Trump debe replegar a esos soldados para que puedan regresar con sus familias en esta época de fiestas.

“El Ejército ahora mismo no está cumpliendo con sus niveles de reclutamiento. A la economía le está yendo muy bien, y eso está desviando a la gente a un punto extremo… hemos tenido una gran crisis de salud mental entre los militares, y creo que venir a añadir más carga sobre esta estructura del componente activo es extremadamente imprudente”, dijo el teniente general jubilado de las reservas del Ejército, Peter S. Cooke.

“Sé que todo soldado allá afuera está dispuesto a hacer lo que le digan que haga, y obedecer al comandante en jefe, pero debo decir que alguien tiene que hablar por su bienestar”, agregó Cooke, quien estuvo 39 años en el Ejército.

Por su parte, Ned Price, director de política del grupo “National Security Action”, señaló que desde finales de octubre y hasta los comicios de mitad de término, Trump emitió al menos 50 mensajes sobre la amenaza de la caravana, y ahora prácticamente ha guardado silencio al respecto.

Eso hace pensar que la caravana de inmigrantes nunca fue una amenaza para la seguridad nacional y, por el contrario, el despliegue militar “no fue más que un ardid político” para azuzar a su base, dijo Price, un exasesor del Concejo de Seguridad Nacional bajo la Administración Obama.

“Está quedando en claro que el presidente Trump está enviando tropas a la frontera sin necesidad para sumar puntos políticos”, enfatizó Price, quien consideró que el despliegue militar es otro ejemplo de las muchas formas en que Trump “le ha faltado el respeto a las tropas” desde la contienda de 2016.

Mientras tanto, Bishop Garrison, director ejecutivo interino del “Proyecto Truman para la Seguridad Nacional”, acusó al liderazgo de “negligencia profesional” , en particular porque el Pentágono no parece tener claro el objetivo a largo plazo para el despliegue militar.

Por ello, Price consideró que la entrante sesión del Congreso tiene por delante una importante misión de exigir cuentas a la Administración sobre el alcance, propósito y resultados de esta movilización militar.

“Las explicaciones que hasta ahora hemos escuchado del secretario de Defensa (Jim) Mattis y otros líderes militares y civiles de alto rango no son satisfactorias ni suficientes. Creo que ya sea mediante testimonios voluntarios u obligatorios, el nuevo Congreso puede y ha indicado que buscará respuestas para el pueblo estadounidense”, subrayó Price.

Los expertos coincidieron en que la Administración está exigiendo “sacrificios” de los soldados en activo para una misión de dudosa necesidad o claridad.

En una carta de opinión publicada ayer domingo en el diario “The New York Times”,  dos coroneles jubilados y un líder académico calificaron el despliegue militar como una “traición de las Fuerzas Armadas”,  que la Administración está utilizando como “soldados de juguete”.

“El presidente utilizó a las fuerzas militares de EEUU no contra una amenaza real sino como soldados de juguete, con la intención de manipular los resultados de una elección doméstica de mitad de término, un uso sin precedente de los militares a manos de un presidente en funciones”, se quejaron los expertos.

“Cuando ocurren acciones partidistas como esta, se violan las tradiciones cívico-militares y se erosiona esa fe, con un daño potencial a largo plazo a la moral de la fuerza (militar) y nuestra práctica democrática, todo por ganancias electorales”, advirtieron.

Debido a una ley federal que data de  1878, los militares desplazados en la frontera sur sólo pueden aportar apoyo logístico, de vigilancia, transporte y comunicaciones, y no están autorizados para hacer labores de inmigración.

Contrario a otros despliegues de la Guardia Nacional bajo las administraciones de George W. Bush y Barack Obama, sin embargo, se trata de la primera vez que el gobierno federal echa mano de soldados en activo para disuadir la inmigración ilegal.

Blindaje de Puerto de San Ysidro

En su propia conferencia telefónica, funcionarios de alto rango del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendieron desde el anonimato el cierre parcial de la garita en San Ysidro (California) mientras agentes de la Patrulla Fronteriza y miembros del Ejército blindaban el área con barreras de cemento para evitar la “irrupción de caravaneros”.

También afirmaron que, según sus informes de inteligencia y de otras “fuentes”, hay “más de 500” criminales en la caravana. Repitieron que, en todo caso, la gran mayoría de éstos no será elegible para asilo dentro de los nuevos reglamentos adoptados por la Administración, además de que no huyen de  persecución sino que son “migrantes económicos”.

La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) había explicado que cerró durante poco más de tres horas los carriles con dirección norte en ese puerto de entrada ante rumores de que miembros de la caravana de inmigrantes centroamericanos pensaban irrumpir ilegalmente por la zona.

Así, con la ayuda de soldados en activo desplegados en la zona, la CBP instaló barreras de cemento y alambres de púa para impedir el ingreso ilegal de miles de inmigrantes centroamericanos, que aguardan turno en Tijuana para solicitar asilo en EEUU.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, defendió en Twitter el cierre de la garita, y agregó que “algunos miembros de la caravana están causando interrupciones a propósito”, y reiteró que los solicitantes de asilo deben entrar por los puertos de entrada establecidos.

Un ejemplo de “interrupción”, según los funcionarios en la llamada, es que los organizadores de la caravana han “empujado a mujeres y niños, y a un pequeño número de miembros de la comunidad gay al frente de la caravana” para lograr cobertura positiva en los medios, cuando “la mayoría son hombres adultos o adolescentes”.

Trump había dicho recientemente que movilizaría a hasta 15,000 soldados en activo y que, en el marco del combate a los cruces ilegales, también establecería “ciudades carpa” para alojar a los solicitantes de asilo a la espera de la resolución de sus casos.

Pero ni la Casa Blanca ni el Pentágono han vuelto a discutir esos planes.