En víspera de unos comicios que definirán el futuro de su agenda política, el presidente Donald Trump advirtió este lunes (ayer) de un extenso castigo criminal en caso de fraude electoral mañana (hoy), pese a que la verdadera preocupación en el país es la supresión del voto.

El mandatario lleva semanas advirtiendo de una supuesta “invasión” de inmigrantes indocumentados que, a su juicio, no sólo amenazan la seguridad nacional sino también la propia “herencia” cultural del país.

Pero ahora también ha desempolvado la idea de un presunto fraude electoral masivo, similar a la que señaló en 2016, sin ofrecer pruebas.

Las autoridades policiales “han sido firmemente notificadas para que vigilen de cerca por cualquier voto ilegal que pueda ocurrir en las elecciones del martes (o en el voto por adelantado”, indicó hoy Trump.

Cualquiera que sea descubierto cometiendo fraude en las urnas “estará sujeto a las sanciones criminales máximas que la ley permita. Gracias!”, puntualizó.

Law Enforcement has been strongly notified to watch closely for any ILLEGAL VOTING which may take place in Tuesday’s Election (or Early Voting). Anyone caught will be subject to the Maximum Criminal Penalties allowed by law. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2018

En declaraciones hoy a periodistas antes de emprender un viaje a Cleveland (Ohio) en la recta final de la contienda legislativa, Trump insistió en que tiene “pruebas” de que hay personas que intentan votar de forma ilegal, pero no las mostró.

“Hay mucha gente, en mi opinión y en base a pruebas, que intentan ingresar ilegalmente y votar ilegalmente. Solo queremos que separan que habrá enjuiciamientos a los más altos niveles”, prometió.

Durante el fin de semana, Trump también advirtió del fraude electoral, con el mismo mensaje sobre sanciones civiles y criminales.

¿Existe el fraude masivo?

Sin embargo, el mandatario no ofrece pruebas sobre sus acusaciones ni tampoco menciona que, según numerosos estudios, en Estados Unidos los incidentes de fraude electoral son una rara excepción y no la regla.

Por ejemplo, uno realizado por Justin Levitt, experto en asuntos electorales de la Facultad de Leyes de la Universidad Loyola en Los Angeles (California), determinó que el fraude electoral es ínfimo en un país como EEUU.

Entre 2000 y 2014, Levitt descubrió un total de 31 incidentes de fraude en las urnas, de entre los más de mil millones de votos emitidos durante ese período.

In the 2016 election, in which more than 135 million votes were cast, there were a total of four documented cases of voter fraud. https://t.co/c7lROTYVeP

 

— Public Citizen (@Public_Citizen) November 5, 2018

 Es decir, según explicó Levitt en un blog del Centro Brennan para la Justicia, “es más probable que a una persona le caiga un rayo que vaya a hacerse pasar por otro votante en las urnas”.

Tampoco surgieron pruebas de un “esfuerzo organizado” para fomentar el fraude masivo durante una investigación de cinco años, publicada en 2007 y ordenada por la Administración Bush.

El “Centro Brennan para la Justicia” enumeró además varios estudios entre 2012 y 2017 que también destacaron que el fraude electoral es poco común, o estadísticamente inexistente.

Si ha habido problemas con los votos, éstos en su mayoría han estado vinculados con errores al rellenar las papeletas o en las listas de empadronamiento, o problemas tecnológicos en las máquinas de votación, según expertos.

Supresión del voto

Además, Trump omite señalar que, contrario al fraude electoral, la supresión del voto es una mayor preocupación en EEUU y afecta en particular a votantes de minorías.

Las contiendas en estados como Georgia, Kansas, Arizona y Louisiana, han estado bajo los reflectores debido a presuntos esfuerzos de los republicanos por desalentar el voto de las minorías mediante nuevos requisitos.

En Dodge City (Kansas), una emblemática ciudad de la zona central del país, las autoridades electorales cambiaron el único centro de votación a otro sitio fuera de la ciudad, lo que perjudicará principalmente a votantes latinos, que conforman el 60% de sus más de 27,000 habitantes y la mayoría de sus 13,000 votantes inscritos.

La decisión generó fuertes críticas de los demócratas y demandas de la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), que acusan a los republicanos de querer suprimir el voto de las minorías al poner trabas para acceder a las urnas.  Pero un juez federal negó la solicitud de los demandantes para la instalación de un segundo centro de votación dentro de la ciudad, alegando que eso causaría una mayor confusión.

Voter suppression is happening RIGHT NOW in Dodge City KS. Join me and donate to rent buses that will transport latino voters to their one polling place! Thx @maddow https://t.co/HSS99T5Lbz

— Adam Scott (@mradamscott) November 1, 2018

En la recta final de la contienda, líderes demócratas y republicanos se lanzan acusaciones mutuas sobre la integridad del proceso electoral y presuntas irregularidades.

Mientras, grupos cívicos advierten de que las restricciones adoptadas en los últimos años en una veintena de estados bajo control republicano, incluyendo más requisitos para emitir el voto, tienen el objetivo de desalentar a minorías, jóvenes e inmigrantes, que tienden a votar por los demócratas.

Las personas que tengan problemas de cualquier tipo en los centros de votación, o sean testigos de irregularidades, pueden llamar a ACLU para pedir ayuda mediante la línea telefónica 1-866-687-8683 (866-OUR-VOTE).

Voter suppression is treason in a government based on the will of the people.

Know your rights & vote. Call 1-866-OUR-VOTE to report violations to the @ACLU pic.twitter.com/zuQ5GiPrtj

— Dr. Jennifer Mercieca (@jenmercieca) November 4, 2018

Disuelven una comisión inútil 

Durante y desde la contienda general de 2016, en la que perdió el voto popular frente a su rival demócrata, Hillary Clinton, Trump insistió en que hubo fraude electoral y creó una comisión especial para investigar el asunto.

Más de 135 millones de personas votaron en los comicios de 2016, y desde antes del día de las elecciones, Trump había dicho a sus seguidores que el fraude electoral sería masivo y que era urgente vigilar las urnas.

Posteriormente, Trump dijo que perdió el voto popular frente a Clinton, por alrededor de tres millones de votos, debido a votos fraudulentos, pero jamás ofreció pruebas.

En 2016, solo se documentaron oficialmente cuatro casos de fraude, incluyendo personas que votaron en dos ocasiones, una en Iowa y otra en Texas, otra que votó en Illinois por su difunto esposo, y otra que fue contratada para contabilizar las papeletas de voto en ausencia en Florida pero que las rellenó ilegalmente si estaban incompletas.

Contrario a las quejas de Trump en esa ocasión –dirigidas principalmente contra los demócratas-, el número de casos documentados fue de menos de un uno por ciento del total de votos emitidos en la contienda presidencial.

Poco después de asumir el poder en enero de 2017, Trump emitió mensajes contradictorios en el sentido de que hubo fraude electoral que favoreció a Clinton pero a la vez afirmó que su victoria fue completamente legítima.

Así, Trump creó la llamada “Comisión de Asesoría Presidencial para la Integridad Electoral”–cuya “página” ha sido “archivada” por la Casa Blanca-, para erradicar el presunto problema de  fraude.

La comisión, presidida por el secretario de Estado de Kansas y ahora candidato a gobernador, Kris Kobach, exigía que todos los gobiernos estatales le entregasen información confidencial y sensible sobre los votantes, pero jamás encontró o mostró pruebas de fraude.

Menos de un año después, sin embargo, la Casa Blanca se vio obligada a desmantelar la comisión debido a fuertes críticas de ambos partidos.