Funcionarios sopesan la legalidad de algunas medidas que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría tomar y revisan si alguno de los procesos podría ajustarse para acelerar el retiro de migrantes que no cuenten con una base legal para permanecer en territorio estadounidense, de acuerdo con un funcionario de alto rango del Departamento de Seguridad Nacional.

El funcionario dijo que el gobierno de Trump no ha tomado ninguna «decisión firme» sobre cómo responder a la caravana cuando llegue a la frontera.

Entre los temas discutidos con México está el saber si los migrantes de la caravana podrían ser retenidos en ese país antes de acceder a un puerto oficial de entrada, dijo el funcionario. Dijo también que esto ya se está haciendo en cierta medida y lo describió como un proceso más oficial que el conocido como «metering» (medición), que es cuando funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza mantienen a inmigrantes en México para limitar el flujo hacia Estados Unidos.

Este proceso ha sido criticado por abogados, quienes acusan a los funcionarios de tratar de bloquear ilegalmente la solicitud de asilo por parte de inmigrantes.

Un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza refirió todas las preguntas sobre la caravana al Departamento de Seguridad Nacional.

Adicionalmente, Estados Unidos negocia con México si los migrantes de la caravana podrían ser deportados al país latinoamericano, independientemente de su origen. Este proceso, conocido como «regreso al territorio», que fue incluido en el decreto presidencial sobre seguridad fronteriza firmado por Trump en enero de 2017, actualmente no es aplicado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) porque México debe estar de acuerdo en aceptar el regreso de ciudadanos extranjeros a su territorio.

«Muchas de estas (opciones) dependen de la cooperación y las negociaciones con México», dijo el funcionario.