La mayor huelga en Costa Rica en 18 años sigue adelante, sin visos de solución a corto plazo. El primer encuentro, este miércoles, entre el Gobierno costarricense y los representantes sindicales de los trabajadores del sector público resultó insuficiente y el movimiento de protesta cumple ya su décima jornada con efectos considerables sobre la prestación de servicios de salud, educación y transportes. Los trastornos también han sido importantes en la distribución de combustible y en la industria turística, motor de la economía costarricense y principal fuente de divisas.

Con los paros, los empleados públicos protestan contra la reforma fiscal propuesta por el Gobierno de Carlos Alvarado -que limita los beneficios que reciben estos trabajadores, recorta el gasto y aumenta la carga fiscal- y contra el manejo de la política económica, después de que el presidente, del progresista Partido Acción Ciudadana (PAC), lo dejase en manos de figuras conservadoras. Las medidas de presión sindical sobre el Ejecutivo de Alvarado, que solo lleva cuatro meses en el poder, incluye la paralización parcial de servicios públicos y bloqueos esporádicos en distintas carreteras del país centroamericano.

Ante el estancamiento del conflicto, el mandatario costarricense ha decidido este miércoles cancelar su asistencia a la Asamblea General de Naciones Unidas de la próxima semana para atender la crisis interna y mantenerse al mando del plan fiscal, gran responsable de las iras de los empleados del sector público. Alvarado no se ha movido ni un milímetro de su propuesta fiscal, que continúa su tramitación en el Legislativo. Las medidas son de urgencia: Costa Rica enfrenta su peor crisis tributaria en cuatro décadas y si nada cambia en los próximos meses, el déficit cerrará el año por encima del 7%.

La Unión Sindical, un conglomerado de asociaciones entre las que predominan maestros y trabajadores de los hospitales, ha aceptado sentarse a la mesa con la intercesión de la Conferencia Episcopal. Pero este miércoles por la tarde, el diálogo concluyó temporalmente con un único pacto de ambas partes: volver a reunirse 24 horas después. “Lo más importante es restablecer los canales de diálogo y de comunicación” dijo al acabar el encuentro del ministro de Trabajo, Steven Núñez, en medio de fuertes críticas del sector privado por la supuesta tolerancia del Gobierno ante las medidas de presión sindical y las pérdidas provocadas por la huelga. Las autoridades aún no han cuantificado el efecto económico global de los paros, pero la principal asociación de empresarios ha lamentado los perjuicios “millonarios” causados sobre los transportistas y el impacto en las reservas de hoteles. Las agencias de viajes han reportado hasta un 50% de cancelaciones.

Los mercados, al acecho

El Gobierno de Alvarado reconoce que este no es el proyecto fiscal que desearía, pero sí el que tiene más posibilidades de atender de manera urgente la emergencia fiscal de Costa Rica, a pesar de que solo aportaría una cantidad de dinero equivalente al 1,3% del PIB, un tercio de lo que necesitaría para reequilibrar las finanzas públicas. De no aprobarse, subrayan desde el Ministerio de Hacienda, peligra el pago oportuno de salarios de los funcionarios, la inversión de pública y, por tanto, el ritmo de una economía que se prevé crezca a una nada despreciable tasa del 3% este año.

El plan fiscal gubernamental amplía la cobertura de algunos impuestos y limita ventajas salariales de empleados públicos. El 80% de los efectos recae sobre el 20% más rico de la población, arguye el Gobierno de Alvarado. En esta batalla tiene el apoyo de un sector de la oposición, pero enfrenta el rechazo de otros, incluidos los diputados del Partido Restauración Nacional (PRN, de base evangélica), que alcanzó la segunda vuelta electoral en abril con el candidato predicador Fabricio Alvarado.

El PAC y sus aliados saben -y repiten- que los mercados financieros miran con lupa las finanzas públicas costarricenses. La deuda supera ya el 50% del PIB, una cifra elevada para la media de los países emergentes. De no tomar medidas, apuntan desde el Gobierno, se puede erosionar gravemente la calidad de vida media de los costarricenses, posicionada entre las mejores de América Latina.

En los 10 últimos días se han registrado brotes de violencia entre manifestantes y policías, incluida una intervención con gases lacrimógenos el martes para reabrir el paso a los puertos del Caribe, vitales para el normal funcionamiento de la economía costarricense. También se han producido intentos de sabotaje de las tuberías de la empresa estatal de combustibles, que han desembocado en el procesamiento judicial de uno de sus empleados. El fin de semana los costarricenses sufrieron desabastecimiento de gasolina en varios puntos del centro del país por el temor de los transportistas de quedar atrapados entre los bloqueos.

“Sabemos que muchos nos critican por los problemas que genera una huelga, pero el Gobierno solo nos ha dejado este recurso. Los empresarios pueden influir sobre los diputados o directamente sobre este Ejecutivo neoliberal. Sin embargo, a nosotros solo nos queda luchar en la calle”, decía, exaltado, el enfermero Marvin Jarquín en declaraciones a EL PAÍS. “Esto lo entienden bien en otros países”. Como él, miles de trabajadores estatales han tomado la calle para protestar por plan de ajustes fiscales que les impone una carga mayor que a otros sectores sociales.