Fuente: http://www.latribuna.hn

Un grupo de países lamentó la pugna abierta del gobierno guatemalteco contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), mientras decenas de organizaciones analizan realizar un paro por la expulsión del jefe de este organismo, el colombiano Iván Velásquez.

La decisión del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de vetar la entrada en el país del abogado Velásquez ha levantado ampollas y decenas de entidades civiles, incluidos colectivos campesinos e indígenas, estudian medidas para protestar contra esta determinación que es vista como una ruptura del orden constitucional.

El grupo de Países Donantes de Guatemala, conocido como G13, emitió un comunicado, en el que no estaba Estados Unidos, para ofrecerse a encontrar una salida “constructiva” a una crisis que ven como “un paso hacia atrás en el fortalecimiento de las instituciones guatemaltecas en su lucha contra la corrupción e impunidad”.

“Además, lo consideramos un incumplimiento del acuerdo suscrito entre Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas”, aseguró el grupo, creado en 1999 e integrado por las embajadas de Italia, Alemania, Canadá, España, Francia, Reino Unido, Suecia, Suiza, EE UU -que no lo firmó-, la delegación de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y el Sistema de Naciones Unidas.

Pero el comunicado de este miércoles lo suscriben además Noruega y el Reino de los Países Bajos, quienes están de acuerdo con esta postura, que también respaldaron decenas de organizaciones, como el Comité de Desarrollo Campesino, los estudiantes de la única universidad pública del país o entidades de derechos humanos.

Todas pidieron a Morales revocar sus decisiones con relación a la CICIG y avanzaron que en los próximos días analizarán las contramedidas, entre las que puede haber un paro, manifestaciones o plantones