Desde su arribo a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha impulsado varios ajustes en temas migratorios, siendo el laboral uno de los de mayor impacto, principalmente con su orden ejecutiva 2017143, “Compra estadounidense, contrata a estadounidenses”.

 

 

De este modo, en dos años, sin necesidad de una reforma desde el Congreso, el mandatario ha logrado hacer ajustes a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y, particularmente, desde Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), responsables de implementar la política.

En el “Littler’s Labor Day Report 2018”, los expertos del Instituto de Políticas Laborales de Littlerofrecen una perspectiva de la economía de los Estados Unidos, pero también sobre cómo esto impacta en los empleados, dedicando un apartado a inmigrantes.

“Desde su primera incursión en la política, Donald Trump ha mantenido una fuerte postura a favor de la aplicación de las leyes de inmigración”, indica el estudio firmado por Michael J. Lotito yMaury Baskin, co-presidentes del Instituto. “Después de servir como presidente durante casi dos años… la reducción en la entrada ilegal de inmigrantes a los Estados Unidos se mantiene entre las prioridades de la administración“.

El reporte también menciona el veto migratorio a países de mayoría musulmana, que incluye prohibiciones de viaje de ciudadanos de Irán, Siria, Yemen, Libia, Somalia, Venezuela y Corea del Norte.

Aunque las redadas en espacios de trabajo son identificadas como la principal preocupación de los empleadores de inmigrantes, aunado a las restricciones para la obtención de visas H-1B.

1. Redadas de ICE

Los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han aumentado sus investigaciones y redadas en espacios de trabajo, a fin de ubicar a indocumentados y a empleadores que los contratan. “La aplicación en el lugar de trabajo viene en dos niveles”, expone el reporte.

“La más común es que el ICE realice una auditoría del Formulario I-9”, que es una auditoría para revisar si todos los empleados tienen permiso para trabajar en EEUU. En caso de hallar alguna inconsistencia, la autoridad impondrá multas que van de los $220 a los $2,191 dólares por cada caso.

El segundo nivel es la redada, como las aplicadas recientemente en Texas, donde se detuvo a 160 personas y se realiza si “La Migra” tiene información suficiente para sospechar que los empleados no tienen autorizaciones para laborar en el país. “Ha habido varios incursiones en todo el país que implican los arrestos de cientos de empleados en su lugar de trabajo”.

El estudio proyecta que los operativos serán cada vez más comunes, ya que se han enviado notificaciones de auditoría a 5,200 empresas. “Si bien estos números ya representan una aumento drástico, Derek Benner, el director ejecutivo interino de la División de Investigación (DHS) de ICE, ha indicado que a ICE le gustaría que hubiera 15,000 auditorías por año si es posible”.

Uno de los problemas, indican los expertos, es que los empleadores comenzarán a lidiar con mano de obra, pero dado el nuevo escenario sugieren alistarse para auditorías y operativos.

2. La sociedad entre USCIS y DOJ

El 11 de mayo de 2018, la USCIS, dirigida por Francis Cissna, y la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia (DOJ) firmaron un memorando de entendimiento, a fin de facilitar el intercambio de información sobre inmigrantes y la persecusión de posibles faltas o delitos.

“La asociación busca ayudar a ambas agencias con respecto a (1) evitar el abuso de programas de visas por un empleador de un inmigrante basado en el empleo y/o no inmigrante que pueda significar la discriminación de trabajadores calificados de los EEUU… y (2) la potencial violación de un empleador de los estatutos y reglamentos que rigen los procesos para contratar a inmigrante(con Residencia Legal Permanente) y/o visas para no inmigrantes (basadas en el empleo)”, apunta el reporte.

La intención de la administración federal, indica el estudio es evitar que los empleadores, intencionalmente, discriminen o favorezcan a un extranjero por encima de la fuerza laboral estadounidense.

“Desde el lanzamiento de la iniciativa, el DOJ ha abierto decenas de investigaciones contra empleadores, presentó una demanda contra un empleador, y llegó a acuerdos con varios otros”, se indica. “El intercambio de información y las referencias de casos probablemente aumentarán el número, así como la eficiencia de estas investigaciones”.

3. Los cambios en visa H-1B

En la misma orden ejecutiva 2017143, firmada el 18 de abril de 2017, el presidente Trump solicitó la aplicación estricta de leyes estadounidenses vigentes para nuevos aplicantes a la visa H-1B y para quienes buscaran renovarla.

Incluso se pide hacer una evaluación interinstitucional para “reemplazar o revisar las reglas y guías anteriores, si es apropiado”. La orden también solicita que el Fiscal General, los secretarios de Estado, del Trabajo y de Seguridad Nacional deberá sugerir reformas para ayudar a garantizar que las visas H-1B se otorguen a los beneficiarios más calificados o mejor pagados.

Desde entonces, varios cambios han ocurrido. “Notablemente, USCIS ha comenzado a implementar pautas más estrictas, y los empleadores han notado un aumento en más adjudicación restrictiva de solicitudes de visa”, explica el estudio, que destaca que una de las acciones es que los beneficiados con ese permiso deberán pasar las mismas pruebas como un primer aplicante.

Otro ajuste es una guía que estipula que el beneficiario será empleado en una especialidad cuyo experto sea difícil de hallar en EEUU y que el empleador mantendrá el contrato por el tiempo estipulado, a fin de evitar el “salto” de un trabajo a otro.

Esto ha preocupado principalmente a la industria de tecnología y médica, ya que las negaciones aumentaron un 41% en 2017, con respecto a 2016.

Aunado a ello, a partir del 11 de septiembre de 2018, USCIS actualizará su orientación política sobre ciertas solicitudes de pruebas y avisos de intención de negación, es decir, podría rechazar las peticiones sin aviso, ocasionando pérdidas de tiempo y económicas, pero también poner en riesgo de deportación a quienes ya tienen visa H-1B.

4. Los cambios en DACA

El presidente Trump ordenó la terminación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), pero activistas y defensores de los “dreamers” han mantenido su lucha en las cortes.

Además de protegerlos de la deportación, este beneficio migratorio permite a los jóvenes estudiar y trabajar legalmente.

“La llegada de niños o el programa DACA proporcionaron trabajo autorización a más de 500,000 personas”, dicen los expertos.

El 24 de abril de 2018, el juez John Bates, juez del Tribunal para el Distrito de Columbia, ordenó a USCIS continuar aceptando nuevas aplicaciones para DACA, pero mantuvo su decisión durante 90 días, para rescindir el programa.

5. Nuevas acciones

Los expertos consideran que podría haber más cambios para restringir el trabajo de inmigrantes en los EEUU, dada la importancia que esto tiene para la agenda política del presidente Trump.

“La administración de Trump ya ha pidió el uso obligatorio de E-Verify… y la implementación de un sistema biométrico de entrada y salida a los EEUU para todos los no ciudadanos, aunque esto no sido sido implementado”, se expone y se adelanta que es difícil predecer nuevos ajustes y el periodo en que llegarán.