Este martes, la representante estadounidense Norma J. Torres (D-CA) y el senador estadounidense Ben Cardin (D-MD) emitieron los siguientes comentarios, luego que el presidente Trump firmara la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en ingles).

El NDAA incluye una disposición que requerirá que el Secretario de Estado proporcione al Congreso una lista de personas, incluyendo los funcionarios públicos, que han cometido actos graves de corrupción, tráfico de drogas y financiamiento ilícito de campañas en Guatemala, Honduras y El Salvador.

Originalmente, Torres presentó esta propuesta como una enmienda a la versión de NDAA que se aprobó en la Cámara de Representantes, mientras Cardin presentó una enmienda idéntica en el Senado.

      Ben Cardin

“Nuestra legislación envía un mensaje claro de que los Estados Unidos habla en serio sobre la lucha contra la corrupción en América Central. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a garantizar la rendición de cuentas “, dijo la representante Torres.

 “Debemos estar dispuestos a nombrar nombres, y eso es lo que hace esta legislación. El Secretario de Estado ahora tiene 180 días para proporcionar al Congreso una lista de nombres. Es hora de ponernos a trabajar “.

“Los abusos contra los derechos humanos y la corrupción que se ha arraigado en Centroamérica tienen un impacto directo en la seguridad nacional de los Estados Unidos, y el gobierno de los EE.UU. debe usar todas las herramientas a su alcance para nombrar y avergonzar, y negar el acceso de los abusadores y funcionarios corruptos a los EE.UU. y a nuestras instituciones financieras “, dijo el senador Cardin. “Me complace que esta disposición sea ahora ley y le agradezco a la congresista Torres y a nuestros colegas por sus esfuerzos”.

Las personas nombradas en la lista requerida por la legislación podrían estar sujetas a la congelación de activos y la denegación de visas, en virtud de la Ley de Responsabilidad Global de Derechos Humanos de Magnitsky.

Torres es la fundadora y copresidenta del Caucus de América Central y miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. En 2017, la Cámara de Representantes aprobó H.Res 145, su resolución en apoyo de la lucha contra la corrupción en América Central.

Cardin, miembro sénior del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y el Demócrata de más alto rango en el Subcomité del Hemisferio Occidental, es coautor tanto de la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de los Derechos Humanos 2016 como de la Ley de Responsabilidad del Estado de Derecho de Sergei Magnitsky de 2012.