El Gobierno oficializó la reforma a través de decretos presidenciales publicados en el Boletín Oficial, pese a que la oposición, que repudió la medida, había reclamado que los cambios fueran debatidos en el Congreso, reseñó DPA.

La presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, convocó a una movilización popular el próximo jueves al Ministerio de Defensa para «evitar que las Fuerzas Armadas vuelvan a las calles». 

«No esperaba que el Gobierno se animara a tanto, es un atropello a la democracia, nos retrotrae a un pensamiento que no olvidamos», declaró la activista de la organización que busca a los niños que fueron apropiados ilegalmente durante la dictadura cívico-militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. 

Gran parte del arco opositor y los organismos de derechos humanos consideraron que la medida es ilegal y rompe el consenso de la democracia. 

Algunos sectores advirtieron en tanto que los militares podrían ser utilizados en la represión de las protestas sociales que se multiplican estos meses a causa de la crisis que atraviesa el país sudamericano. 

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, aclaró sin embargo que «las Fuerzas Armadas no van a intervenir en conflictos sociales ni van a patrullar ciudades».

«Lo que ahora se permite es que las Fuerzas Armadas actúen frente a cualquier ataque de origen externo, que puede ser perpetrado por un Estado o por nuevas organizaciones vinculadas al terrorismo y al narcotráfico», explicó. 

Macri argumentó que las Fuerzas Armadas estaban desactualizadas y diseñadas «para amenazas antiguas», por lo que necesitaban ser reconvertidas para enfrentar «los desafíos del siglo XXI». 

El decreto introdujo varios cambios en el decreto 727 firmado en 2006 por el entonces presidente Néstor Kirchner (2003-2007) y derogó otro del mismo año que restringía las tareas de las Fuerzas Armadas. 

La norma firmada por Macri dispone que las Fuerzas Armadas «serán empleadas en forma disuasiva o efectiva» en «agresiones de origen externo», como indicaba el decreto 727, pero ya no se habla de la participación necesaria de «Fuerzas Armadas pertenecientes a otro/s Estados/s».

Además, señala que estos cambios no afectan «lo dispuesto en la ley N° 24.059 de Seguridad Interior y en la ley Nº 24.948 de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, en lo concerniente a los escenarios en los que se prevé el empleo del instrumento militar y a las disposiciones que definen el alcance de dicha intervención en operaciones de apoyo a la seguridad interior». 

También se cambió un artículo que antes prohibía la contemplación de «hipótesis, supuestos y/o situaciones pertenecientes al ámbito de la seguridad interior» para la planificación del sistema de defensa nacional. 

Este artículo fue reemplazado por una lista de operaciones para el empleo de las Fuerzas Armadas, entre ellas «operaciones defensa de los intereses vitales de la nación; operaciones dispuestas en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) u otros organismos internacionales; operaciones encuadradas en la Ley N° 24.059 y operaciones en apoyo a la comunidad nacional e internacional». 

Por otro lado, se incorpora un artículo que dispone que el sistema de defensa nacional «ejercerá la custodia de objetivos estratégicos». 

La implicación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior generó repudio en amplios sectores, luego de la dictadura militar que gobernó Argentina con cruentos métodos represivos entre 1976 y 1983 y dejó 30.000 desaparecidos, según estimaciones de los organismos de derechos humanos.