Puede empezar con un par de multas de tránsito.

Incapaz de pagar las multas inmediatamente, la persona empieza a acumular deudas por retrasos, más multas y costos de la corte. Muy pronto, el automovilista puede sufrir la suspensión de su licencia.

Más de 40 estados norteamericanos permiten la suspensión de licencias de conducción a personas con deudas penales o de tránsito retrasadas. Pero ahora, activistas en todo el país están presionando para cambiar eso, argumentando que esas leyes son inconstitucionales porque castigan injustamente a los pobres y violan el proceso debido al no dar aviso a los automovilistas ni la oportunidad de mostrar que no pueden pagar.

En los últimos dos años se han presentado demandas en al menos cinco estados.

«No es que yo no quiera pagar lo que debo. Realmente quisiera poder hacerlo”, dice Brianna Morgan, una madre soltera de Petersburg, Virginia, que no ha tenido licencia de conducción en tres años porque debe más de 400 dólares en multas de tránsito y costos de la corte.

«Realmente no tengo forma de pagarlo”, dijo Morgan, que se mantiene a sí misma y a sus tres hijos con un cheque mensual de discapacidad.

Los activistas consiguieron una victoria este mes en Tennessee, donde una jueza federal falló que una ley allí que le permite al estado revocar las licencias de personas de bajos ingresos con deudas atrasadas con las cortes es inconstitucional.

La jueza Aleta Trauger dijo que esa ley es “poderosamente contraproducente” y le ordenó a Tennessee que deje de revocar las licencias y restaure las que ya había revocado solamente por el impago de honorarios de las cortes.

«Si una persona no tiene recursos para pagar una deuda, no puede ser amenazada ni engatusada a pagarla. Sin embargo, pudiera ser capaz de pagarla en el futuro. Pero quitarle la licencia de conducción sabotea ese prospecto”, escribió Trauger en su fallo el lunes.

En Virginia, casi un millón de personas tienen actualmente suspendidas sus licencias al menos en parte debido a deudas con las cortes, de acuerdo con Legal Aid Justice Center, una organización sin fines de lucro que ha presentado una demanda federal contra esa práctica. Un juez desestimó la cusa por razones de jurisdicción, pero en mayo un fallo de la corte federal de apelaciones del 4to circuito le dio a la causa nueva vida, regresándola a la corte previa para permitir que los demandantes revisen la demanda.

A nivel nacional, millones de personas han perdido sus licencias por leyes así. En un estudio dado a conocer en septiembre, el centro de justicia estimó que 4,2 millones de personas tenían licencias suspendidas o revocadas por deudas con las cortes en apenas cinco estados: Virginia, Tennessee, Michigan, Carolina del Norte y Texas.