El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) discutirá el viernes una propuesta de Resolución de condena a la política estadounidense de separación de familias migrantes, que mantiene más de 2.300 niños alejados de sus padres. 

El borrador del proyecto de Resolución expresa «enérgicamente el rechazo a cualquier política migratoria que conduzca a la separación de familias» por considerarla una «práctica violatoria de los derechos humanos», informó AFP.

Este proyecto es impulsado por México y es patrocinado también por los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, países de origen de la mayoría de las familias migrantes. 

Formalmente, el tema fue incluido en la agenda del Consejo Permanente como una discusión del «impacto de la política de separación de familias migrantes (…) sobre los derechos humanos». 

El proyecto de resolución también sugiere que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realice una visita a la región de frontera de Estados Unidos con México «a fin de observar las consecuencias» de la política separación familiar.  

En la última reunión del Consejo Permanente varias delegaciones habían hecho referencias críticas al tema de la separación familiar, pero la intención para el viernes es aprobar un documento formal de condena. 

Se trata de una tentativa de responder al escándalo provocado por la política estadounidense de «tolerancia cero» a la inmigración ilegal y que desde mayo motivó la separación de miles de niños, ahora retenidos en albergues por todo el país. 

La semana pasada el presidente Donald Trump firmó un decreto que interrumpió la práctica de separación sistemática de las familias migrantes, pero aún resta hallar una solución para los miles de niños y adolescentes que son mantenidos en albergues. 

El martes un juez de California ordenó al gobierno federal que reúna en un plazo de 30 días a todas las familias separadas en la zona de frontera por fuerza de la política de «tolerancia cero». 

En su decisión, el juez Dana Sabraw apuntó que el proceso de separación de familias migrantes era una «circunstancia caótica creada por el propio gobierno». 

En tanto, el miércoles varias entidades de defensa de los migrantes presentó una demanda legal contra los Departamentos de Salud y Seguridad Interna para que publiquen datos e informaciones concretas sobre la situación de los miles de niños retenidos.