Trump firmó la orden en un breve acto realizado en la Oficina Oval de la Casa Blanca, flanqueado por el vicepresidente Mike Pence y la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.

“No me gustaba la visión o el sentimiento de familias siendo separadas”, dijo el presidente, revirtiendo sus declaraciones de días previos en las que englobó a las familias inmigrantes como criminales afiliadas a bandas delictivas de centroamericanos e incluso dijo que “infectaban” el país.

De hecho, el presidente no había expresado ninguna empatía con el dolor de esos padres y niños -unos 2,300 de acuerdo con datos oficiales recabados desde mayo- pese a que desde su propio partido, grupos religiosos y de defensa de derechos humanos y hasta colegas mandatarios de otros países expresaron sus críticas a la nueva política de la Casa Blanca.

“Es la política de esta Administración mantener las familias unidas, incluso deteniendo juntas a las familias inmigrantes cuando sea apropiado y consistente con la ley y los recursos disponibles”, se lee en el texto de la resolución suministrado por la Presidencia.

También indica la orden que “es desafortunado que la falla del Congreso para actuar y órdenes de las cortes han puesto a la Administración en la posición de separar a las familias extranjeras para cumplir efectivamente con la ley”, reforzando el argumento falaz que ha venido esgrimiendo el gobierno ante sus críticos de que la separación de familias era un requerimiento legal y no una política.

La sección 3 del decreto presidencial establece una “política temporal de detención de familias” que ingresen sin documentos al país, independientemente de si lo hacen por puestos de inmigración o a través de la frontera, que permitirá al Departamento de Seguridad Nacional mantener a las familias bajo custodia “mientras esté pendiente cualquier procedimiento criminal o de inmigración”.

En ese punto, el gobierno reconoce que esa detención de padres e hijos está limitada por el Acuerdo Flores, que impide que las autoridades mantengan detenidos a los niños junto con sus padres (que es la razón por la cual los anteriores gobiernos han evitado presentar cargos criminales contra los indocumentados como pasó a hacerse con el anuncio de la ‘tolerancia cero’).

El presidente Trump pide a su fiscal general que solicite al Distrito Central de California la modificación del Acuerdo Flores “de manera que permita (…) detener familias inmigrantes juntas” mientras se resuelven sus casos judiciales iniciados.

La ‘tolerancia cero’ continúa

El presidente asegura que quiere mantener la seguridad en la frontera mientras siguen trabajando en poner fin a la separación de familias como medida de «compasión».

La más recientes presiones llegaron desde el Congreso para que hiciera algo sin la necesidad de que en el Capitolio se legisle al respecto, ya que la vía del decreto es la más expedita. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, hizo uno de los más duros llamados al presidente Trump para que acabara con la estrategia migratoria contra indocumentados en grupos familiares una vez cruzan ilegalmente la frontera sur o se presentan en un puerto de entrada a pedir asilo.

«Con un simple movimiento del bolígrafo, el presidente puede poner fin a esta política. Si el presidente quiere pedir prestado mi bolígrafo, se lo doy. Pero puede hacerlo rápido y fácilmente si lo desea. Todo depende de él», había dicho el senador.

Esta es apenas una de las presiones que recibió la Casa Blanca en las últimas horas para frenar la política que ha provocado el levantamiento improvisado de centros de detención e incluso la sobrepoblación de los centros de procesamiento de la Patrulla Fronteriza para albergar a menores de edad, creando traumas psicológicos y un impacto emocional considerable en los padres, según se desprende de los reportes periodísticos que están reseñando la crisis, especialmente el audio de Propublica donde niños lloran desesperadamente pidiendo por sus padres.

Este miércoles el papa Francisco dijo desde el Vaticano en entrevista a la agencia Reuters que apoya los comunicados recientes de obispos católicos que han calificado la separación de familias de «inmoral» y «contraria a los valores católicos».