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Entidades de Guatemala, México, Ecuador y Colombia realizaron una solicitud conjunta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir medidas cautelares sobre los menores migrantes que sean separados de sus familias en la frontera sur de Estados Unidos.

El documento fue firmado por la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala y firmado además por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, la Defensoría del Pueblo de Colombia y la Defensoría del Pueblo de Ecuador

La petición conjunta tiene como objetivo proteger «los derechos a la familia, la integridad personal y la libertad personal» de los menores migrantes y así provocar que «se abstenga de separarlos de sus familias».

Dichas entidades cursaron esa petición teniendo en cuenta que la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, aplica la política de separar a las familias que intentan entrar en el país y que «un gran número» de niños y adolescentes «habrían desaparecido» tras ser separados en la frontera.

Estados Unidos separó de sus familias a cerca de 2.000 menores inmigrantes en la frontera con México entre el 19 de abril y el 31 de mayo, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) a los que tuvo acceso Efe.

Los menores fueron separados del resto de sus familias debido a entrada por vías ilegales al país, violaciones de las normas migratorias o posibles conductas criminales de los adultos.

A principios de mayo, el fiscal general, Jeff Sessions, emitió una serie de iniciativas, entre las que destacan la separación familiar y los juicios masivos, con el objetivo de aplicar la «tolerancia cero» en la frontera y aumentar así la presión sobre la comunidad inmigrante.

El máximo responsable de Justicia se escudó en la Biblia para defender sus políticas, que implican que las personas que acceden al país ilegalmente sean procesadas por la vía criminal cuando los protocolos no permiten imputar un crimen a menores.

Para las instituciones de Derechos Humanos de México, Ecuador, Colombia y Guatemala resulta «de particular preocupación el cambio en la política migratoria de los Estados Unidos, que ha dejado de proteger el derecho a la unidad familiar y el interés superior de las menores migrantes y ha decidido utilizar la separación de familias como una sanción para las personas que intentan migrar».

Trump, culpó a una supuesta «ley» de los demócratas de estas separaciones y argumentó que necesitaban el apoyo de la oposición para acabar con esta situación.