Cerca de la mitad de los inmigrantes en EEUU sufrirán las consecuencias del inminente cambio que prevé poner en marcha la Administración Trump en el reglamento sobre la “carga pública”, según advirtió un análisis divulgado este martes por el Instituto de Política Migratoria (MPI, en inglés).

La Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca sigue sin precisar cuándo adoptará el nuevo reglamento que, con el supuesto objetivo de promover la “autosuficiencia” de los inmigrantes, denegará visas a extranjeros que considere que serán una “carga pública” para EEUU.

La agencia dijo en su anuncio sobre la propuesta reglamentaria que su propósito es asegurar que los extranjeros que llegan al país o ajustan su estatus a la residencia permanente o “tarjeta verde”, de forma temporal o permanente, “tengan los medios de sustento mientras están en EEUU, y que los  extranjeros no se vuelvan dependientes de beneficios públicos”.

Pero, según el análisis de MPI, el reglamento en ciernes afectará a los inmigrantes legales que reciben créditos tributarios o beneficios públicos, aún cuando éstos o sus hijos cualifican para recibirlos. El reglamento dificultará aún más el proceso para obtener la residencia permanente o para la renovación de visas.

¿Castigo por buscar ayuda pública?

Un borrador de la propuesta, filtrado a la prensa en marzo pasado, sugiere que la Administración sopesa utilizar el uso de beneficios públicos como arma de deportación para ciertos residentes legales.

Apoyándose en datos del Censo de entre 2014 y 2016, el análisis del MPI, con fecha del martes y adelantado a este diario antes de su publicación, indicó que el 47% de los inmigrantes no ciudadanos reciben uno o más beneficios que entrarían en la categoría de “carga pública”, según la ampliación de la definición.  Eso representaría un incremento respecto al 3% en la definición vigente.

El reglamento tendría un enorme impacto en los residentes legales.

Según el documento, más de diez millones de inmigrantes no ciudadanosviven en familias que reciben el Crédito Tributario por Hijos (EITC) o beneficios de al menos uno de los cuatro principales programas de ayuda pública en el país, incluyendo “Medicaid” y el “Programa de Seguro para Niños” (“CHIP”), cupones de comida, ingreso suplementario del Seguro Social, y asistencia temporal para familias pobres.

Si a esa cifra se añade la de extranjeros naturalizados, el número de inmigrantes en hogares con beneficios públicos aumenta a 17,7 millones.  La cifra asciende a al menos 26,9 millones si se le agregan los 9,2 millones de niños nacidos en EEUU que viven en esos hogares.

Debido a la distribución poblacional de los inmigrantes, el eventual reglamento afectaría severamente en estados como California y Nueva York, que tienen en su conjunto el 41% de los 17,7 millones de inmigrantes en familias que reciben beneficios públicos.

Tras la reforma del “Welfare” de 1996, California y Nueva York adoptaron medidas que ampliaron los beneficios públicos para ciertos residentes legales que quedaron excluidos de programas federales. El nuevo reglamento afectaría los beneficios otorgados por programas estatales.

En la actualidad, en California, unos 3,38 millones de inmigrantes no ciudadanos reciben ayuda pública del gobierno federal, en comparación con 1,3 millones de extranjeros naturalizados y poco más de 4,04 millones nacidos en EEUU, indicó MPI. En el caso de Nueva York, las cifras en programas de ayuda pública son de 859,900 no ciudadanos, 574,500 extranjeros naturalizados, y 2,34 millones nacidos en este país.

Según el informe, 25 estados, incluyendo nuevos destinos de inmigrantes, como Carolina del Norte, Ohio y Pensilvania, tienen al 94% de los extranjeros en familias que reciben al menos uno de los cuatro principales beneficios públicos.

Los más afectados por el inminente cambio

El impacto del nuevo reglamento sería especialmente marcado entre los hispanos y los asiáticos, que ahora conforman las dos minorías más grandes de la comunidad inmigrante en Estados Unidos.

Alrededor de 10,3 millones de hispanos y 3,8 millones de asiáticos viven en familias que reciben beneficios públicos.

De éstos, el 65% de los inmigrantes hispanos, y el 42% de los asiáticos no tenían aún la ciudadanía estadounidense, y si la Administración Trump decide recurrir al uso de beneficios públicos para justificar su deportación, esa política tendría un gran impacto entre estas poblaciones.

Según un desglosado por nacionalidad, los principales grupos de inmigrantes con beneficios públicos los conforman los de Irak, República Dominicana, Cuba y Haití. Los de México, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras y Nicaragua, conforman los siguientes subgrupos con mayor uso de ayuda pública, indicó MPI.

Del total de inmigrantes con beneficios públicos, los mexicanos conforman el 61%, según el análisis

El análisis sugiere que, lejos de promover la “autosuficiencia”, el inminente cambio sería una especie de castigo para los inmigrantes que dependen de la ayuda pública para subsistir. Según MPI, el 58% de los inmigrantes, con o sin ciudadanía, que reciben beneficios públicos trabaja, en comparación con el 44% de los que reciben esa ayuda y nacieron en este país.

De implementarse la nueva política, sería el mayor cambio en la política federal respecto al uso de beneficios públicos por parte de inmigrantes legales.  Salvo excepciones, como la educación pública, los inmigrantes indocumentados no tienen derecho a solicitar beneficios financiados por el gobierno federal.

En 1996, el Congreso aprobó una medida que prohibió que los residentes legales puedan acceder a buena parte de los beneficios públicos durante sus primeros cinco años de residencia permanente en EEUU y, tres años después, el gobierno federal estableció que el uso de subsidios o de otros beneficios públicos a largo plazo podría exponer a los residentes legales a la categoría de “carga pública”.

Más alarmas e indefensión para los inmigrantes

Michael Fix, co-autor del informe y experto en programas de beneficencia pública, advirtió de que, tras la reforma del sistema del “Welfare” en 1996 –que impuso estrictas condiciones laborales a los beneficiarios-, el uso de ayuda pública bajó considerablemente, incluso entre grupos no afectados por los nuevos requisitos.

“El miedo de las consecuencias de usar beneficios públicos podría ser mayor ahora, tomando en cuenta el clima altamente politizado, el aumento en las medidas policiales migratorias y el primer esfuerzo en décadas para reducir la inmigración legal”, enfatizó Fix.

Grupos que trabajan con la comunidad inmigrante, así como proveedores de cuidados médicos han advertido que, de hecho, muchos residentes legales ya están rechazando beneficios por temor a que eso afecte su estatus legal en EEUU.

Además de abrirse a posibles demandas por parte de grupos cívicos, el reglamento también crearía pésimas condiciones para la salud pública en general, al negar servicios a personas por su estatus migratorio que requieran atención médica.

Prefieren pasar hambre o enfermarse

En declaraciones a este diario, expertos del “Centro para Leyes y Política Social” (CLASP) coincidieron hoy en que el reglamento provocará más daños a los inmigrantes de los que están haciendo su retórica y medidas policiales, porque muchas familias no abastecen sus necesidades básicas, como comida y cuidado de salud.

“Recibimos información de nuestros socios en todo el país de que las familias inmigrantes están declinando ayuda incluso para sus hijos ciudadanos, y no van a los hospitales comunitarios, centros de salud y bancos de alimentos. No hay duda de que veremos gente que se sale de Medicaid y otros programas, aunque sean eligibles”, lamentó Madison Hardee, analista y abogada de CLASP.

Mientras, Rebecca Ulrich, otra analista de CLASP, dijo que un estudio reciente de su grupo confirmó que el temor es tal que muchos inmigrantes no quieren inscribir a sus hijos en programas preescolares o solicitar seguro médico para sus familias, por miedo a que no puedan obtener estatus legal o la ciudadanía.

En Nuevo México, Ulrich documentó el caso de una madre que se negó a solicitar servicios de salud para ella y uno de sus hijos –ambos ciudadanos de EEUU- para no afectar los trámites para traer con residencia permanente a su esposo e hijo mayor desde México.

La mujer “se negó a aceptar ayuda, con la excepción de un abrigo donado. Si la Administración implementa estos cambios en la carga pública, cada vez más familias harán imposibles decisiones entre unir o mantener unidas a sus familias, y acceder a servicios para alimentar o mantener sanos a sus hijos” enfatizó la experta.